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Un cambio administrativo que genera dudas en el Hospital Central

Por decreto, el Ejecutivo ordenó que el Ramón Carrillo deje de ser autónomo y pase a depender del Ministerio de Salud. La decisión podría perjudicar a pacientes mutualizados y generar inconvenientes en el manejo económico del centro asistencial.

Por redacción
| 29 de marzo de 2025

El Gobierno de San Luis modificó la figura jurídica del Hospital Ramón Carrillo, que dejó de ser una Sociedad del Estado para convertirse en un ente desconcentrado dentro del Ministerio de Salud. Así lo establece el decreto N° 2397-MdeS-2025. Este cambio genera incertidumbre sobre la continuidad de convenios importantes, como el de PAMI, lo que podría traducirse en pérdidas económicas para el hospital. 

 

 

Los entes descentralizados, como lo era hasta ahora el Carrillo, tienen autonomía administrativa, financiera y legal, lo que les permite gestionar sus recursos y firmar convenios de manera independiente. En cambio, al convertirse en un ente desconcentrado, el hospital pasa a depender directamente del Ministerio de Salud, lo que limitará su capacidad de autogestión, algo que generó dudas sobre el financiamiento de las prestaciones médicas. 

 

 

Una de las principales preocupaciones es el impacto en la atención de pacientes mutualizados, especialmente aquellos afiliados a PAMI. Si el nuevo ente no logra firmar rápidamente un convenio con la obra social, cualquier atención a estos pacientes representaría un gasto sin posibilidad de reembolso, lo que podría comprometer la sustentabilidad financiera del hospital. 

 

 

Además, el cambio de figura jurídica podría generar complicaciones legales y administrativas, ya que la disolución de una Sociedad del Estado requiere un proceso legislativo específico. Aunque el decreto no plantea explícitamente su disolución, este movimiento puede interpretarse como una estrategia para modificar su estructura sin pasar por la Legislatura. 

 

 

Desde el sector de la salud advierten que esta decisión podría afectar el equilibrio financiero del hospital y generar dificultades en la prestación de servicios, mientras que la oposición y especialistas en administración pública alertan sobre posibles observaciones del Tribunal de Cuentas en caso de registrar grandes pérdidas económicas por la falta de convenios.

 

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