Denuncian al gobernador, Claudio Poggi, por malversación de caudales públicos

La declaración de una "crisis" para justificar el desdoblamiento de sueldos provinciales, es ahora el epicentro de una seria acusación judicial contra el gobernador, Claudio Poggi. Una denuncia por malversación de caudales públicos ha sido radicada, argumentando que una serie de maniobras efectuadas desde el 10 de diciembre de 2023, fueron realizadas bajo una premisa falsa: según la parte denunciante, la provincia disponía de amplios recursos y no enfrentaba ningún conflicto financiero en ese momento que obligara a golpear el bolsillo de los puntanos.

La denuncia

La presentación fue efectuada por el diputado nacional, Ernesto Nader Alí, con el patrocinio del abogado Leonardo Hernán Martínez Herrero. Básicamente, Alí remarca delitos de acción pública que serían los de malversación de caudales públicos (artículos 260 y 264) y deja abierta la posibilidad de sumar otras faltas que pudieran configurarse con motivo de la investigación que se realice contra Poggi y el ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez (y cualquier otra persona que pudiera surgir de esta pesquisa). 

De acuerdo a un racconto que detalla los principales motivos de la presentación, desde que asumió Poggi hasta el 26 de diciembre del 2023, la administración efectuó la constitución de 14 plazos fijos en el Banco Supervielle por un monto de $2.835.996.332, sumado a otros 5 plazos fijos en el Banco de la Nación Argentina ($28.751.914.959). Pero además de los plazos fijos, al 31 de diciembre de ese año la provincia contaba con bonos en el Banco de la Nación Argentina por la suma de $23.797.719.296 y en el Banco Hipotecario (por la suma de $1.511.633.280). Todo ello hacía un subtotal en moneda argentina de $69.614.406.994.

Pero los números no terminan ahí. A todo eso hay que adjuntar las monedas extranjeras que se encontraban en los bancos Nación, Hipotecario y Supervielle, que consideradas al cambio oficial del 31 de diciembre del 2023, comprendían un total de $23.975.648.010. Esta composición del saldo financiero, ascendía a un total de $93.590.055.003, informado por el Tribnual de Cuentas de la Provincia a la Legislatura en la Cuenta de Inversión respectiva del 2023, tratada en el periodo legislativo 2024. 

En ese sentido, de acuerdo al planteo de Alí, no hay razones lógicas para trazar un supuesto drama económico y mucho menos asfixiar a los puntanos con el desdoblamiento de salarios. Vale remarcar que más allá del dinero detallado en la denuncia, los gobiernos también cuentan con herramientas de gestión, financieras y bancarias, que permiten el pago de compromisos en tiempo y forma, sin someter a la comunidad a este tipo de medidas que irrumpen en el bolsillo.

Según los informes del cierre de Cuenta de Inversión, que menciona la denuncia, existen inversiones de resguardo de capital que también podrían haber usado para este tipo de (supuestos) inconvenientes. 

"De ello resulta que la gestión del gobernador Poggi a la fecha de la liquidación de haberes de diciembre del 2023, contaba con los fondos totales requeridos para el pago de haberes de toda la administración pública, los cuales habían quedado en las cuentas de la provincia durante la gestión anterior", expresa textualmente la denuncia. 

"A pesar de ello, el gobernador Poggi decretó el desdoblamiento de sueldos correspondiente a diciembre del 2023 a los empleados de la Administración Pública mediante el decreto 150/23 invocando una situación de emergencia económica que no era tal como se informa y efectivamente se probara en la presente denuncia, por lo que queda claro que el mismo incurrió en malversación de caudales públicos de los fondos de la provincia", agrega la presentación.

En esta línea, Alí insistió que se encuentra debidamente acreditado que los dineros públicos para pagar los sueldos estaban presupuestados, devengados y programados financieramente para ser abonados en tiempo y forma, por lo cual, no haberlo concretado y advertir una emergencia económica que no era tal, deviene "inequívocamente en el delito". 

La denuncia pide que se ordene librar oficios al Banco Central, al Banco Nación, al Banco Supervielle al Banco Hipotecario, al Banco BBVA, al Banco Columbia y a Mercado Libre (Mercado Pago) en busca de documentación clave.