Villa Mercedes: damnificados del barrio Familia Unida se quedarán en vigilia toda la noche

El sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla de escombros y ruidos de motores en Villa Mercedes. Lo que inicialmente se anunció como un operativo para el lunes, se adelantó de manera sorpresiva este sábado pasado el mediodía, cuando las topadoras de una empresa contratada por el Gobierno de San Luis comenzaron a avanzar sobre los terrenos del barrio "Familia Unida". El objetivo: limpiar la zona para la construcción de 300 viviendas sociales, justamente sobre los lotes donde 33 familias ya habían comenzado a edificar con sus propios ahorros.

 

La situación es de una fragilidad absoluta. Los damnificados sostienen que fueron "sorprendidos en su buena fe" tras haber adquirido los terrenos a través de papeles certificados por escribanos y planos de agrimensura que, según explican, cuentan incluso con firmas de Catastro. 

 

Sin embargo, el avance oficial desconoce estos derechos privados, dejando a los vecinos en medio de lo que califican como "una estafa monumental y un atropello estatal".

 

 

Los damnificados cuentan con papeles, con lo cual remarcan que las autoridades tenían conocimiento de la situación. Foto: gentileza. 

 

"Nos pasaron por el costado con las máquinas sacando árboles de 40 años. Nos temblaba el cuerpo de la impotencia", relató Natalia, una de las vecinas damnificadas que se encuentra en el lugar intentando frenar el avance de la maquinaria.

 

Según su testimonio, el sacrificio económico ha sido total: "Entregamos todos los ahorros que teníamos. Nadie pagó menos de 5 millones de pesos (y algunos hasta 15 millones). Ver que te tiran los cimientos o las paredes que levantaste con tanto sudor te destruye por completo".

 

El conflicto escala no solo por el avance físico de la obra, sino por el silencio administrativo. Los vecinos redactaron y enviaron una nota formal al gobernador Claudio Poggi, solicitando su intervención inmediata para frenar el desalojo, pero hasta el momento no han sido escuchados. 

 

"No hay respuesta ni del Municipio ni del Gobierno provincial. Dijeron que iban a frenar todo para darnos plazo hasta el lunes, pero a las 14 arrancaron de vuelta. Si no estábamos ahí, nos pasaban por encima", denunció Natalia. Su apreciación revela que mínimamente, hubo una impericia absoluta, una desprolijidad inaceptable por parte de las autoridades. Aunque la gente sospecha que hay más: "La olla está por destaparse", aseveran.

 

La tensión alcanzó su punto máximo cuando algunos vecinos decidieron interponer sus propios vehículos frente a las máquinas para evitar que destruyan lo poco que queda en pie. Mientras efectivos policiales custodian el despliegue de la empresa, las familias denuncian una "zona liberada" administrativa. 

 

Natalia señala que la Municipalidad no puede ser ajena a esta situación: "Saben de la vendedora porque le han aprobado aperturas de calles y obras de agua en otras manzanas. ¿Cómo puede ser que ahora hagan la vista gorda?".

 

Para las 33 familias, la paradoja es cruel: el Estado pretende construir viviendas sociales destruyendo las casas que ellos mismos, con trabajo genuino y sin pedir subsidios, estaban levantando. "Nosotros también somos familias. Si quieren hacer el barrio, ¿por qué no se corren hacia el campo que hay atrás? ¿Por qué hay familias que sí y nosotros no?", cuestionó angustiada.

 

Al cierre de esta edición, el clima en el barrio Familia Unida es de vigilia y resistencia. Los vecinos aseguran que se quedarán toda la noche apostados en sus lotes, ya que no confían en las promesas de los operarios. 

 

Sin una respuesta oficial, el lunes se perfila como un día clave en el que las familias buscarán las respuestas que hasta ahora les ha negado. No descartan una presentación en la Justicia.