Un funcionario del Gobierno intentó frenar la declaración de Rodríguez Saá

La tercera jornada del juicio oral contra una ex funcionaria provincial tuvo un episodio breve pero significativo. El fiscal de Estado suplente Rafael Berruezo apareció en la sala y pidió suspender la declaración del testigo Alberto Rodríguez Saá. El tribunal rechazó el planteo y el testimonio continuó, aunque la intervención alcanzó para interrumpir el ritmo del debate y dejar una escena que rápidamente se convirtió en insumo para la estrategia comunicacional del oficialismo.

Berruezo se presentó por primera vez en el juicio. Hasta ese momento había delegado la participación en Santiago Calderón Salomón. Minutos antes de intervenir había acomodado su asiento cerca de los pupitres y se mantuvo en segundo plano mientras declaraban los testigos de la fiscalía. Desde ese lugar siguió la audiencia, por momentos detrás de su propio representante, en una presencia que no pasaba inadvertida.

Cuando decidió intervenir lo hizo con una escena que pareció cuidadosamente preparada. Se acercó al micrófono, pidió la palabra e intentó suspender la declaración del testigo argumentando que el exgobernador se estaba “autoincriminando” en un presunto delito de defraudación. El tribunal, integrado por Fernando de Viana, Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur, deliberó brevemente y rechazó el planteo.

También solicitó que se respetara a los integrantes de la acusación luego de que el testigo se refiriera a ellos, en tono coloquial, como “los chicos”. Tras esas dos intervenciones, la presencia del funcionario volvió a diluirse en la sala.

El intento de frenar la declaración no prosperó. Sin embargo, el episodio alcanzó para instalar un nuevo capítulo en el plano mediático. Desde el entorno del Gobierno ya se anticipó que Berruezo presentará una denuncia contra Rodríguez Saá “el jueves o el viernes”, pese a que durante la audiencia el testigo reiteró que la decisión política cuestionada había sido adoptada por él y que, según sostuvo, se trató de una medida “legal” y ajustada a las normas vigentes.

En ese contexto, el fiscal de primera instancia que actúa en el debate, Francisco Assat Ali, no tuvo más que adherir al planteo impulsado por la Fiscalía de Estado.

La escena dejó una postal que atraviesa buena parte de este proceso: intervenciones de funcionarios del Ejecutivo que parecen orientadas a instalar interpretaciones políticas del juicio más que a modificar su curso judicial. Gestos, advertencias de denuncias y movimientos que terminan dejando lo que parece ser el objetivo central: titulares con nombres y apellidos vinculados a la gestión provincial 2019-2023.

Mientras tanto, en el plano estrictamente judicial, el testimonio dejó un dato difícil de ignorar. El propio hombre que tomó la decisión política cuestionada lo dijo, bajo juramento, y describió el funcionamiento institucional que rodeó esa medida. Una declaración que inevitablemente modifica el peso del proceso y obliga a revisar el sentido de la acusación.