Asesinato de Fuentes: un único acusado y sospechas de encubrimiento policial

El asesinato del policía Renato Fuentes avanza hacia el juicio oral con una acusación de apenas nueve páginas y un solo imputado: Daniel Lescano Redondo. Mientras tanto, la familia denuncia irregularidades, encubrimiento y una trama mucho más amplia que —aseguran— nunca se quiso investigar.

Desde el inicio, el caso dejó más dudas que certezas. Fuentes fue enviado a un procedimiento sin chaleco antibalas y sin municiones, una situación que nunca fue explicada por la ministra de Seguridad Nancy Sosa y que hoy aparece como uno de los puntos más graves del expediente.

A esto se suman declaraciones tomadas en cuestión de segundos, testimonios telefónicos sin profundidad y una reconstrucción del hecho incompleta, que no incluyó a todos los actores clave.

La querella, encabezada por Gustavo Revigilio, también denunció la pérdida de pruebas determinantes, como imágenes y videos de la autopsia, además de la falta de análisis de llamados telefónicos realizados en momentos clave, algunos de ellos de larga duración y con interlocutores que nunca fueron identificados.

Pero las sospechas no se limitan al expediente. Según surge de la causa, hubo policías que participaron en la detención del único acusado y cuyo rol no fue profundizado. Incluso se habla de maniobras para “acomodar” esa detención, mientras decisiones internas dentro de la fuerza —como traslados y reestructuraciones— terminaron diluyendo posibles responsabilidades.

El fiscal de la causa, Marcelo Saldaño, avanzó con una acusación que la familia considera insuficiente. Aseguran que, en privado, se reconoció la posibilidad de más involucrados, pero que en la práctica se optó por sostener una versión acotada que lleva a juicio a un solo imputado.

En paralelo, la defensa de Lescano, a cargo de Soledad Poma de Otaegui, se prepara para el debate oral en una causa que podría abrir nuevas líneas si prosperan los planteos de la querella.

El caso también expone un fuerte trasfondo político. La familia apunta contra la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, por decisiones posteriores al crimen y por lo que consideran una falta de acompañamiento. Denuncian que hubo promesas de justicia que no se cumplieron y que el caso fue utilizado en un primer momento, pero luego quedó relegado.

Además, cuestionan la ausencia de Fiscalía de Estado como querellante en una causa que involucra la muerte de un agente en cumplimiento del deber, lo que —según sostienen— evidencia una falta de interés en avanzar sobre todas las responsabilidades posibles.

En medio de ese escenario, el dolor atraviesa todo. La viuda, Nancy de Fuentes, asegura que no puede hacer el duelo. Dice que cada irregularidad es como “matarlo otra vez” y que la falta de respuestas mantiene abierta una herida que no cierra.

El impacto en sus hijos es devastador. Uno de ellos, de apenas seis años, escribe cartas para su padre y las deja en el cementerio con la esperanza de recibir una respuesta. Una escena íntima que contrasta con la frialdad del expediente y expone lo que la causa judicial no logra reparar.

A pesar del miedo, la mujer decidió seguir adelante. Sostiene que hay personas que no hablan por temor y que detrás del crimen hay algo más grande. “Voy a ir por todo”, afirma, convencida de que la verdad no está en esas nueve páginas.

También cuestiona el trato del Estado: una pensión que considera insuficiente y un ascenso post mortem que califica como simbólico. Para ella, lejos de ser una reparación, fue “una burla” en medio de una causa que, asegura, nunca buscó realmente justicia.

Mientras el expediente se encamina al juicio oral, la sensación es que el caso está lejos de cerrarse. Por el contrario, cada instancia parece abrir nuevas preguntas sobre lo que pasó aquella noche y sobre todo lo que ocurrió después. Porque, para la familia, el crimen de Renato Fuentes no termina en el disparo: continúa en cada omisión, en cada silencio y en cada intento por reducirlo a una historia más simple de lo que realmente fue.