Celdrán habló de 'circo' y descalificó la acusación de asociación ilícita contra Freixes

“Estoy vestido de rojo como si fuera Piñón Fijo. Todo esto es un circo y hay que venir vestido para la ocasión, de payaso…no queda otra”, cuestionó con dureza el abogado Pascual Celdrán tras la audiencia de formulación de cargos celebrada este lunes en los Tribunales de Villa Mercedes por la denominada causa Pueblo Ranquel, que tiene como principal investigado a Sergio Freixes.

Junto al exministro también fueron imputados Sonia Elizabeth Aguilera, Miguel Arturo Montani y Diego Ezequiel Lucero. El periodo que es investigado va del 1 de abril del 2020 al 31 de diciembre del 2023.

Al fundamentar su rechazo a lo resuelto en la audiencia, sostuvo que el exfuncionario “les hizo ganar 13 millones de dólares en tres años a los ranqueles” y que “hoy de esos 13 millones de dólares no queda nada. Se ha vendido la mayoría de la hacienda y por venta directa”, lo que es una seria irregularidad de acuerdo a las normativas del municipio Ranquel.

Celdrán se refirió a las transferencias de $40.000, $60.000 y $80.000 que la fiscalía califica como no justificadas. Según explicó, “estaban justificadas en los balances que presentaban y que se los robaron durante dos años que los tuvo Fiscalía de Estado un tiempo largo, que los tuvo un normalizador durante otro tiempo”.

“Pero según el juez (Natalia Pereyra Cardini) hay asociación ilícita, o sea, le formulan cargos por asociación ilícita y ahora hay que investigar. Hace dos años que lo están investigando (a Freixes) por esto”, reprochó el defensor. También cuestionó que los medios que responden al oficialismo provincial no le hayan dado la posibilidad de expresarse: “Raro que no me hayan hecho un reportaje los medios que estaban. Capaz que tenga algo que ver quién les paga, ¿no?”, fustigó Celdrán

Los fiscales Maximiliano Bazla Cassina y Nayla Cabrera Muñoz expusieron en la audiencia los detalles que sostienen la acusación contra Freixes y otros imputados.

La funcionaria justificó la ausencia de Viviana Moreyra, esposa de Freixes, quien se encuentra internada por un problema de salud sin fecha de alta. Para su caso se fijará una nueva audiencia de formulación de cargos.

Lo que dijo la acusación 

De acuerdo a lo informado por Prensa del Poder Judicial, durante la audiencia el fiscal Maximiliano Bazla Cassina detalló que durante el 2020-2023 "se realizaron actos ilícitos e indeterminados donde cada uno aportaba una colaboración en perjuicio de la municipalidad del Pueblo Ranquel y del gobierno provincial con el fin de apoderare de dinero para beneficios propios".

Mencionó que se realizaban pagos, facturaciones, transferencias y algunas actividades que no estaban relacionadas a la tarea agropecuaria y que no pertenecían al Pueblo Ranquel. Dichas operaciones económicas no contaban con la documentación de respaldo y algunas tenían un intento de justificación con irregularidades.

El representante del MPF manifestó que hubo una indeterminación de planes ilícitos patrimoniales en perjuicio del estado provincial.

Agregó que se realizaron pericias contables a dos cuentas, una cuenta productiva y la otra de coparticipación. La fiscal Nayla Cabrera Muñoz mencionó todas las evidencias en relación a los egresos de dinero.

La Querella en representación de Fiscalía de Estado –ejercida por el abogado Flavio Ávila- adhirió a las conductas y tipificación expuesta por el Ministerio Publico Fiscal.

Por su parte Celdrán, defensor de los cuatro imputados se opuso a la formulación de cargos y adelantó que plantearía una excepción de atipicidad en relación a la asociación ilícita. Dijo que no quedó claro cómo se cometió el ilícito, cuál fue el rol de cada uno, etc.

Con respecto a las medidas, la querella solicitó la firma del libro, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la prohibición de acercamiento al Pueblo Ranquel.

La Fiscalía y la Defensa estuvieron de acuerdo solamente con la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

La jueza de Garantía Nº 3, Natalia Pereyra Cardini interpretó que "se evidenciaron una serie de actos de operaciones de dinero que no fueron justificadas y que con las evidencias aportadas se encuentran los requisitos mínimos que se requieren en esta etapa". Hizo lugar a la formulación de cargos y ordenó como medida la firma del libro y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.