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Polémica en Merlo: organizaciones de discapacidad salieron al cruce de un funcionario

Cuestionaron al director municipal Federico Robles por exponer públicamente la situación de una madre y su hijo. Reclaman que, tras 5 años, la ordenanza de detección temprana de TEA sigue sin aplicarse.

Por redacción
| Hace 18 horas
Robles y el intendente interino Leonardo Rodríguez.

Organizaciones vinculadas a la discapacidad en San Luis expresaron su malestar por la respuesta pública del secretario municipal de Desarrollo Humano de Villa de Merlo, Federico Robles, a una madre que reclamaba mayores acciones en materia de autismo.

 

 

Según un comunicado que difundió el Observatorio de Discapacidad Costa de los Comechingones con el aval de otras entidades, Robles respondió a publicaciones sobre TEA pidiendo a la madre que informe al juzgado dónde está escolarizado su hijo. El funcionario argumentó que, según su versión, no se estaría garantizando el derecho fundamental a la educación del niño.

 

 

Desde las organizaciones señalaron que la respuesta expuso públicamente la situación de vulnerabilidad de la madre y su hijo. “Resulta profundamente preocupante que un funcionario público, en lugar de responder de manera concreta sobre el incumplimiento de una ordenanza vigente desde 2019, decida exponer públicamente la situación”, indica el documento que difundieron.

 

 

El eje del reclamo es la ordenanza vigente desde 2019 para la detección temprana de Trastorno del Espectro Autista (TEA), que según las organizaciones continúa sin reglamentarse ni aplicarse.

 

 

“Lo que sí cuestionamos es una gestión pública que, después de más de cinco años, todavía no puede explicar por qué una ordenanza fundamental para la detección temprana de TEA, continúa sin reglamentarse ni aplicarse”, sostienen.

 

 

También cuestionaron que se intente desacreditar a una madre que, según afirman, “sostiene diariamente el cuidado de su hijo” y creó con recursos propios un espacio de contención para personas con discapacidad sin recibir acompañamiento estatal.

 

 

Las organizaciones insisten en que “las acciones mencionadas por el funcionario no reemplazan la obligación del Estado de cumplir las ordenanzas vigentes, garantizar políticas públicas reales y responder institucionalmente a los pedidos de informe realizados”.

 

 

Hasta el momento no hubo una respuesta pública adicional por parte del funcionario.

 

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