San Luis le inició 14 presentaciones a la Nación en la Corte Suprema, para pedirle compensaciones por diferentes medidas o incumplimientos que perjudicaron a la Provincia.
La deuda que la Nación tiene con San Luis es de casi $19 mil millones. Ésa es la cifra que el Ejecutivo puntano tiene calculada en forma detallada a partir de los distintos incumplimientos del Gobierno central con la Provincia, de los cuales más de la mitad fueron llevados a la Justicia y aún esperan una sentencia. El monto nominal del reclamo a la fecha sobrepasa los 11 mil millones y el resto se completa con los intereses, ya que algunas demandas llevan seis años sin respuesta.
Gustavo Delgado, funcionario del área de Coordinación Fiscal de Hacienda que sigue la evolución de los fondos que le deben a San Luis desde las primeras presentaciones en la Corte Suprema, explicó que un 56% del total de los fondos adeudados están judicializados en 14 demandas que la Provincia realizó entre 2008 y 2012.
Además, destacó que la actualización del número exacto se realiza en forma trimestral. En el caso del porcentaje que está incluido en los reclamos a la Justicia, la modificación se realiza a partir de la tasa de interés pasiva del Banco Nación, desde la fecha en que fue efectuada la presentación. “Casi tenemos un 1% de variación mensual”, dijo Delgado. Y explicó que con el 44% restante, que no sigue la vía legal, se comunican con todos los ministros para que les detallen la cantidad que reciben o no del Gobierno central. “Son programas nacionales y hay algunos que suben y otros que bajan, porque se cobra un pasivo, pero aparece otro. Aunque tenemos una cantidad permanente”, agregó.
Entre los fondos que no están judicializados se encuentra el convenio firmado por Anses en diciembre de 2013 para los aportes previsionales de las fuerzas de seguridad; el monto que le insume la Penitenciaría local la estadía de los presos federales; los fondos del plan habitacional “Techo digno”, que San Luis construyó, pagó y entregó, sin recibir la contribución a la que se había comprometido la Nación; y el dinero que quedó retenido en el “corralito” de 2001 y que estaba previsto para la construcción de los diques Saladillo y San Francisco que fueron afrontados con arcas locales.


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