La Justicia declaró hoy en quiebra a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), lo que generó dudas por las indemnizaciones correspondientes a heridos y familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once.
TBA, que al ser declarada en quiebra puede evitar sus pasivos, operaba las líneas Mitre y Sarmiento cuando ocurrió la tragedia del 22 de febrero de 2012, en la cual murieron 51 personas.
A un día del acto de los familiares de las víctimas del accidente, que se realiza habitualmente cada 22, la compañía entró en esa figura judicial, por lo cual el Ministerio de Planificación Federal dispuso la intervención administrativa, técnica y operativas de la firma.
La jueza Paula María Hualde fue quien declaró a TBA en quiebra y a raíz de ello, surgieron las dudas y los cuestionamientos sobre las indemnizaciones que rondarían en 1.300 millones de pesos, y que ahora sería el Estado el responsable de pagar.
La empresa, que era presidida por Mario Cirigliano, fue declarada en otras dos oportunidades en quiebra, pero pudo ser rescatada.
En esta ocasión, todo apuntaría a que es definitiva debido a los múltiples juicios que debe afrontar por los accidentes ocurridos en Once y Castelar.
TBA, que al ser declarada en quiebra puede evitar sus pasivos, operaba las líneas Mitre y Sarmiento cuando ocurrió la tragedia del 22 de febrero de 2012, en la cual murieron 51 personas.
Los familiares de las víctimas de la tragedia temen que con la quiebra se caigan las indemnizaciones, de igual modo que los damnificados directos, quienes venían denunciando que, desde la ruptura de la concesión de TBA, no recibían atención y adelantaban que el Estado deberá terminar pagando el resarcimiento.
TBA mantuvo la concesión de los trenes Sarmiento y Mitre desde 1995 hasta 2012, y sus dueños, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, están acusados en la causa.
Antes del comienzo del juicio en marzo pasado, varias víctimas y familiares habían llegado a un acuerdo extrajudicial con la empresa para recibir indemnizaciones a cambio de renunciar a ser querellantes, por montos que en algunos casos llegaban a los 300.000 pesos, según trascendió.
En cambio, otros damnificados decidieron avanzar y entablar un juicio contra la compañía.
NA.
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