A cuatro días de la histórica votación que dejó en manos del Ejecutivo la aprobación definitiva de la Universidad Nacional de los Comechingones, dirigentes que acompañaron el proyecto que ideó Adolfo Rodríguez Saá señalaron los beneficios que impactarán en Merlo y el resto del Valle del Conlara, y contaron cuáles son los pasos a seguir.
"Efectivamente ahora se puede ir modificando el proyecto, pero siempre con sentido común", expresó el diputado Salino.
A la espera que el Ejecutivo promulgue la ley, el diputado nacional Fernando Salino, señaló cuál es el proceso que ahora seguirá la futura casa de estudios.
“Acá ya se votó la ley y suponemos que la van a promulgar sin ningún tipo de problema. Luego llegará una partida de 150 millones, o 180 según dijo la diputada y presidente de la Comisión, María Rosa Díaz, que es para todas las nuevas universidades. Entonces en el presupuesto del año que viene habrá un dinero que es para empezar tanto la obra como para pagarle a la comisión (organizadora) y demás, porque se supone que en esta primera etapa no van a tener gastos en sueldos”, explicó Salino y siguió sobre la 'posta' que entrega el Legislativo: “Ahora es muy importante ver cómo se lleva adelante. Dependerá de la capacidad de las personas para que pongan en marcha un espacio que no sea un lugar burocrático y rutinario, sino algo creativo para mejorar, por ejemplo, el turismo en Merlo y la zona. Generar herramientas para la investigación científica y los trabajos académicos”, agregó.
Si bien la Cámara Baja dio luz verde a la creación de las facultades “de las Culturas y el Arte”; “de las Ciencias Ambientales y la Producción”; y “de las Ciencias Ambientales y Gestión del Agua”, en los próximos meses pueden surgir modificaciones, sin salir de la línea cultural y ambiental.
A su vez, entre los beneficios, los dirigentes de Compromiso Federal destacaron la expansión socioeconómica que significará la llegada de estudiantes y docentes de la provincia y localidades aledañas, quienes inyectarán miles de pesos al alquilar, viajar en colectivo o taxi, o simplemente comprar en el supermercado, entre tantos otros gastos.
Tras destacar las políticas escolares que ya atraviesan la provincia, como las Estampillas de Ahorro, la legisladora Berta Arena subrayó a la educación y el conocimiento como los pilares que “aseguran el verdadero ‘salto’ al desarrollo humano y social, gobierno y comunidad; comerciantes, obreros, estudiantes y profesionales…”. “San Luis ha apoyado con firmeza y decisión este proceso de inclusión educativa, porque entiende que será una oportunidad de asegurar la accesibilidad a estudios de nivel superior a los jóvenes puntanos, de la región y de la Argentina entera”, afirmó Arenas.
El rol de las organizaciones
Fue un 23 de junio de 2009 cuando Adolfo Rodríguez Saá le anticipó a los dirigentes del Departamento Junín el sueño en camino. Y durante la reunión le encargó al ex intendente de la villa turística, Julio Falco, la creación de una comisión local que nació dos meses después bajo el nombre “Fundación Pro Universidad”.
Mientras, a nivel provincial, la Fundación para la Investigación Social Argentino Latinoamericana (FISAL) también trabajó a la par en el armado del estudio de factibilidad que le entregaron a la Comisión de Educación del Senado a fines del año pasado.
“Adolfo siguió muy de cerca este proyecto y claro que celebra este resultado, porque, honestamente, es el mentor, quien lo ha soñado, acompañado por todo el pueblo y su compañera en el Senado, Liliana Negre de Alonso”, concluyó Salino.
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