El fiscal federal Ramiro González pidió ayer investigar al juez federal Norberto Oyarbide y al segundo de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, luego de que el magistrado reconociera que frenó el allanamiento a una financiera tras recibir el llamado del funcionario.
En diciembre del año pasado, el juez Oyarbide frenó el allanamiento de la financiera Propyme.
Es por el allanamiento a la mutual Propyme el 19 de diciembre del año pasado, en el que policías de la Difoc habrían exigido, invocando la figura del juez, un soborno de 300 mil dólares para suspender el operativo, de acuerdo a la denuncia que realizó el dueño de la empresa, Guillermo Greppi.
En una causa conexa, el fiscal González decidió ampliar la acusación a 19 policías de la Difoc que hicieron el allanamiento en Propyme: todos ellos integraron la Brigada A y tuvieron a cargo el operativo en esta empresa, ordenado por Oyarbide en una investigación por presunto lavado de dinero, y que comprendía además el allanamiento a una veintena de financieras sospechadas. Ambos requerimientos fueron presentados ante el juez federal Luis Rodríguez, quien investiga si existió el pedido de sobornos, si -como dijo Greppi- los policías lo hicieron invocando la figura de Oyarbide; y ahora suma la investigación a partir del llamado que el juez dijo recibir de Liuzzi.
El propio Oyarbide fue quien, al dar explicaciones a sus superiores de la Cámara Federal, reconoció que frenó el operativo porque Liuzzi lo llamó por teléfono para alertarlo sobre esa situación y que él consideró al funcionario como una "confiable fuente".
Eso derivó en una denuncia penal contra Liuzzi y Oyarbide hecha por los radicales José Cano, Manuel Garrido y Mario Negri, y la cual ahora el fiscal González impulsó mediante un requerimiento presentado ante el juez federal Luis Rodríguez.
En el pedido, el fiscal pidió varias medidas de prueba, tales como recabar información sobre los números de teléfonos funcionales asignados a los empleados de la Secretaría Legal y Técnica, así como los particulares, aportando de cada uno de ellos el cargo y función.
González también pidió a la Cámara Federal fotocopias del sumario administrativo que se lleva a cabo a raíz del allanamiento y lo hecho por Oyarbide; y que se certifique si en otras causas Liuzzi forma parte de alguna investigación.
La denuncia de la UCR fue a partir de que Oyarbide reconoció que frenó el allanamiento en Propyme con tan sólo el llamado de Liuzzi, algo que consideraron "llamativo" y más teniendo en cuenta que el juez investigó y archivó tiempo atrás una causa contra el funcionario nacional por presunto enriquecimiento ilícito. Incluso, días atrás el fiscal Patricio Evers pidió reabrir esa causa contra Liuzzi, a lo que Oyarbide se negó y ahora la decisión fue apelada ante la Cámara Federal.
"El actuar del magistrado Oyarbide frustrando la medida que él mismo había ordenado horas antes perjudicó irremisiblemente el éxito de la investigación que estaba a su cargo, situación que se agrava si se tiene en cuenta que esa determinación la habría adoptado en beneficio de uno o más funcionarios del Poder Ejecutivo en los que el juez afirma depositar su confianza", informaron los denunciantes.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casaMás Noticias
