Buscan adherir a una ley que da beneficios a trasplantados

La donación de órganos permite eludir una sentencia de muerte o representa una sustancial mejora en la salud. Es un milagro. Sin embargo, la vida sigue y la misma condición de trasplantado implica en muchas ocasiones una mayor dificultad para encontrar trabajo o enfrentar los elevados costos en remedios que acompañan los tratamientos. Para  ayudar a transitar este camino, legisladores puntanos proponen adherir a la ley nacional 26.928, que otorga una protección integral a las personas que recibieron un órgano, entre las que se incluye la obligación de las obras sociales de cubrir todo el valor de los medicamentos, ayudas laborales y económicas,  y pases libres para el transporte. Los beneficios también están contemplados para los pacientes en lista de espera.
“Es un sistema muy interesante  porque las obras sociales y prepagas, además de la obligación de dar cobertura del 100 por ciento de medicamentos, deben hacer lo mismo con los estudios y las prácticas médicas que sean necesarios. En San Luis esto por ejemplo ya lo implementa la obra social de los empleados provinciales”, afirmó Graciela Mazzarino, presidente de la Cámara de Diputados y autora del proyecto de ley que impulsa la adhesión a la norma nacional, sancionada en diciembre del año pasado y promulgada en enero.
Uno de los puntos más novedosos de la ley 26.928 son las ayudas laborales y económicas que da a trasplantados o los que están en lista de espera. Determina que si el beneficiario tiene un trabajo no se lo puede despedir y que el empleador posee la obligación de conceder todas las licencias necesarias para realizar las atenciones médicas. Si la persona está desempleada,  la norma establece que deberá recibir del Estado nacional una asignación equivalente a una pensión por invalidez.
“Es importante incluir a las personas que han recibido un trasplante,  ya que por su condición son inmunosuprimidos, y muchas veces por esto les resulta complicado y difícil acceder a un empleo”, señaló Mazzarino, quien subrayó que las empresas que den trabajo a un trasplantado tendrán derecho a una deducción especial en el Impuesto a las Ganancias equivalente al 70 por ciento de las retribuciones abonada al trabajador.
La diputada provincial por el Partido Justicialista (PJ) destacó que los beneficios incluyen los pases libres en transporte (deberá extenderse a un acompañante en caso de necesidad documentada), al señalar que por lo general son personas que deben desplazarse con frecuencia a centros médicos para hacerse chequeos o estudios de alta complejidad.
También indicó que la legislación a la que San Luis busca sumarse garantiza el acceso a la vivienda a los trasplantados y considera las adaptaciones que deban realizarse en sus hogares para que  puedan vivir de una manera cómoda y adecuada.
A fines de abril ya hubo  una reunión de la Comisión de Salud de Diputados para presentar el proyecto de ley en la que participó el titular del CUCAI San Luis. En el encuentro además estuvieron  autoridades del Ministerio de Salud del Ejecutivo puntano.