Amado Boudou declaró como acusado en una causa por corrupción

El vicepresidente Amado Boudou enfrentó ayer una declaración de casi seis horas como acusado en el caso Ciccone, donde ratificó que no conoce al monotributista Alejandro Vandenbroele, cuya sociedad controla la compañía; justificó su accionar ante la AFIP en el salvataje de la mítica empresa y pidió medidas de prueba para investigar la "ruta del dinero" que se aportó para poner en marcha la nueva imprenta.

Boudou fue acusado por Sanz de ensuciar la investigación y acusar a los medios.

En un sentido similar, la Sala I de la Cámara Federal también le ordenó al juez Ariel Lijo que investigue de dónde salieron los fondos para levantar la quebrada Ciccone Calcográfica e impulsar a la nueva Compañía Sudamericana de Valores (CSV), después del favorable dictamen de la AFIP para facilitarle el pago de deudas impositivas.

En un episodio inédito para un vicepresidente argentino, Boudou debió ir como acusado a Tribunales, donde habló durante cinco horas y media y contó su versión para justificar y negar las imputaciones en su contra, y luego durante media hora, respondió las preguntas que le hicieron el juez Lijo, el fiscal Jorge Di Lello y hasta su abogado defensor, Diego Pirota.

Al salir del edificio de tribunales, pasadas las 20, Boudou aseguró que iba a pedir la ampliación de su indagatoria cuando termine la ronda prevista para todos los sospechosos, para insistir en ampliar sus dichos, aunque con un criterio político.

El vicepresidente sostuvo que publicará su declaración completa en su página de la red social Facebook, pero confirmó que no pudo filmar la indagatoria.

"Respondí las preguntas que se me realizaron. Esta declaración tiene que ver con el análisis técnico jurídico de la causa, las cuestiones políticas me las guardé para otra instancias", subrayó Boudou.

En declaraciones a la prensa, agregó: "Le dejé constancia al juez que voy a pedirle volver a declarar".

Según dijeron las fuentes, la defensa del vicepresidente solicitó pericias caligráficas de las firmas de los Ciccone en libros societarios, movimientos de dinero y otros documentos de la empresa, mientras que reclamó medidas de prueba respecto del rol del banquero Raúl Moneta.

Ocurre que Moneta se presentó el año pasado en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal asegurando ser quien aportó los fondos para levantar la quiebra de Ciccone.

Y el vicepresidente aprovechó ese momento para mirar de frente al juez y pedirle explicaciones por su acusación: quiso saber de dónde había sacado el magistrado que él se había "apropiado" de Ciccone, contaron las fuentes consultadas por esta agencia.

Pero de lo que pasó en el despacho del juez fue el propio Boudou el que se encargó de difundirlo: anunció que iba a colgar en Facebook la copia del acta con toda su declaración, de más de 30 carillas.

En medio de la tensión que se vivía en el edificio de Comodoro Py 2002 (en el barrio de Retiro) -con 16 juicios en marcha y unos 200 simpatizantes kirchneristas apoyando al vice, Boudou llegó minutos después de las 11 a la puerta de los tribunales y, rodeado por un grupo de custodios de la Policía Federal, fue abordado por una mujer que le gritó "ladrón, ladrón".

El ex ministro de Economía la miró pero siguió su camino hacia el tercer piso del edificio, cuando otro hombre lo increpó diciéndole "chorro", mientras que otros simpatizantes le gritaban "fuerza Amado!".

Ya en el despacho del juez, Lijo rechazó un nuevo pedido de grabación de la audiencia y le dijo a su secretario que le informara de los hechos por los que estaba sentado allí, razón por la cual la declaración propiamente dicha comenzó a las 12:45 y recién terminó cerca de las 18:30, aunque hasta que se firmó el acta se hicieron las 20. El largo trámite fue matizado con empanadas de jamón y queso y carne.

Durante ese lapso, la Sala I de la Cámara Federal firmó una resolución que podría cambiar el rumbo y los tiempos de la causa.

Los camaristas decidieron ordenarle a Lijo que investigue la "ruta del dinero" para esclarecer de dónde salieron los fondos que permitieron levantar la quebrada imprenta Ciccone.

E incluso uno de los jueces opinó que había que llamar a indagatoria a todos los imputados por el fiscal Jorge Di Lello, con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a la cabeza. Entre Boudou y Echegaray hay una situación tensa, ya que cada uno deslindó responsabilidades en el otro a la hora de hablar en la Justicia.

Echegaray hizo tiempo atrás su declaración en calidad de testigo: aclaró que la AFIP actuó de manera absolutamente regular y el juez no lo citó cuando dio a conocer las convocatorias. Pero mientras la Cámara opinaba sobre cómo el juez debía seguir la causa, también declaró "abstracto" las impugnaciones presentadas por la defensa de Boudou para que se anularan las declaraciones prestadas como testigos por Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, el cofundador de la imprenta y su yerno, respectivamente.

Es que Reinwick y Ciccone tendrán que declarar esta semana como imputados en las maniobras investigadas. Hoy  tenía que asistir el socio y amigo de Boudou José María Núñez Carmona, pero avisó que estaba fuera de Buenos Aires y solicitó una postergación. Para mañana  está citado Alejandro Vandenbroele -titular de The Old Fund, que maneja la ex Ciccone y fue señalado por su ex esposa como testaferro de Boudou-, y para el jueves, junto con Reinwick, fue convocado el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner. Y el viernes deberá ir Nicolás Ciccone.

Dirigentes cuestionaron su estrategia

Dirigentes de distintos espacios opositores cuestionaron ayer la estrategia judicial del vicepresidente Boudou, señalaron que "está desencajado" e insistieron en el juicio político en su contra.

La diputada integrante del Frente Amplio Unen (FAU), Elisa Carrió, le pidió a la Justicia que "mantenga la más absoluta serenidad" y evaluó que el vicepresidente está "desencajado", ya que está acusado de "gravísismos delitos".

"Cuando uno solo se desencaja y los demás se mantienen serenos ese señor se va a desencajar más", afirmó Carrió.

En declaraciones televisivas, la diputada opositora adelantó además que enviará una denuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA) porque Boudou comete un "acto golpista" al criticar a la Justicia.

Quien también pidió que al vicepresidente se le inicie un proceso de destitución en el Congreso fue el diputado macrista Pablo Tonelli, al indicar que la declaración indagatoria en una causa de corrupción supone "un hecho muy grave".

"La situación de Boudou exige que la Cámara de Diputados dé inicio al juicio político previsto en la Constitución Nacional. El juez resolverá, en su debido momento, acerca de la responsabilidad penal de Boudou. Mientras, el Congreso tiene la obligación constitucional de resolver acerca de la responsabilidad política", subrayó Tonelli en un comunicado.

El titular del radicalismo, Ernesto Sanz, pidió "garantizar" que el juez federal Lijo "pueda avanzar" con el caso Ciccone y acusó al vicepresidente Boudou de "ensuciar" la investigación y "atacar a los medios de comunicación".

"Que hoy, el vicepresidente de la Nación en ejercicio sea objeto de una investigación habla muy bien de la justicia", resaltó Sanz y agregó que "ahora se debe garantizar que el juez tenga la tranquilidad para avanzar".

El senador nacional afirmó que "éste es un momento histórico porque normalmente la justicia investiga a funcionarios muchos años después de dejar el poder" y deseó que "esta situación sea una bisagra para modificar ese hábito y se investigue a los funcionarios cuando tienen poder".

Para Martínez, diputado por La Rioja, "hay indicios suficientes" sobre la responsabilidad del presidente del Senado en la investigación, aunque "los lazos de la corrupción de Boudou están mucho más allá de la causa Ciccone".

A su vez, el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular) señaló que "Ciccone es apenas un botón de muestra de las irregularidades en las que se puede observar el accionar del hoy vicepresidente".