El gobierno argentino expondrá hoy ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos su batalla con los fondos buitres, en una sesión extraordinaria en la que la entidad analizará la repercusión que tendrá el caso en el sistema financiero global.
En el mercado financiero especulan con que el Gobierno podría tomar la decisión de esperar.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timerman, se presentarán ante el Consejo de la OEA para dar detalles del estado del conflicto con un grupo de fondos especulativos y analizarán las "consecuencias sistémicas" de esa batalla legal.
La administración de Cristina Kirchner atraviesa horas críticas debido a que, por un fallo judicial estadounidense, podría caer en una cesación de pagos transitoria a partir del jueves 31 de julio próximo.
En el mercado financiero especulan con que el Gobierno podría tomar la decisión de esperar porque en diciembre se cae la cláusula RUFO de la reestructuración que le impide negociar con los holdouts, y comenzar negociaciones en enero.
Ante ese complejo escenario, la reunión servirá también para discutir una solicitud presentada por la misión argentina ante la OEA de convocar a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores del grupo.
Un fallo de un tribunal de Nueva York condenó a Argentina a interrumpir todos los pagos a los acreedores que participan de la reestructuración de su deuda soberana hasta que pague el valor integral de bonos en default desde 2001 en poder de un pequeño grupo de fondos especulativos.
Argentina debería pagar este lunes unos 900 millones de dólares de su deuda reestructurada, llegó a depositar ese monto en diversos bancos, pero el juez Thomas Griesa consideró que esos pagos son ilegales y ordenó la devolución del dinero.
El gobierno kirchnerista considera que el fallo, al forzar el pago integral de casi 1.500 millones de dólares a bonos que no participan de la reestructuración y bloquear los pagos a la deuda reestructurada, deja al país al borde de un nuevo default.
Luego de su default de 2001, el país realizó dos operaciones de reestructuración, en 2005 y 2010, en los que logró la adhesión del 92,4 por ciento de los acreedores, quienes aceptaron importantes quitas y participación en operaciones de canje.
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