Abrirán un registro para dejar de recibir llamados "abusivos"

La sanción en el Congreso Nacional de la ley “no llame”, una iniciativa para proteger a los usuarios de servicios de telefonía –celular y fija- de los abusos publicitarios de las empresas, puso en alerta al Subprograma de Defensa del Consumidor. Darío Crivello, jefe de esa dependencia, consideró que con la aparición de esta norma se acelerarán los tiempos de la puesta en vigencia de la ley provincial de telemarketing, sancionada hace dos años, que establece la creación del registro para recibir denuncias. “Ahora que se aprobó a nivel nacional vamos a ver cómo la aplica la Nación y de acuerdo a eso tomaremos lo bueno, para no repetir aquellos procedimientos que no nos brinden los resultados esperados”, dijo el funcionario.
Aunque San Luis ya cuenta con su normativa (I-825-2012), que le asigna a ese Subprograma la autoridad de aplicación, recordó que “a lo mejor nos lleve entre 30 o 40 días más que comience a funcionar. Porque la ley provincial establece que debe instalarse una nueva oficina en Defensa del Consumidor con al menos dos empleados, sus correspondientes computadoras y un número telefónico específico para recibir los llamados".
Explicó que los interesados en registrarse en ese banco de datos para no recibir publicidad, ofertas, promociones, regalos de bienes o servicios no solicitados también podrán hacerlo de manera personal en esa futura oficina.
Una vez que la persona dé su consentimiento y se inscriba para no recibir ese tipo de llamadas, tanto a su número celular como al fijo, todas las empresas que brinden el servicio de call center tendrán la obligación  de ingresar a esa base de datos cada 15 días para saber qué números no deben contactar. “Si les siguen enviando publicidad a las personas inscriptas serán pasibles de ser sancionadas por la ley de Defensa del Consumidor”, aclaró. Y detalló que una vez hecha la inscripción, en menos de 15 días el usuario tendría que estar liberado de recibir esos mensajes "abusivos".
La sanción que podría asumir la empresa que no cumpla con esta disposición es una multa dineraria, que Crivello estimó entre los $100 como mínimo y los $500 mil como máximo.