Julio César Jofré, el único procesado por la tragedia de Zanjitas, ocurrida hace dos años y ocho meses, podría sentarse al regreso de la feria judicial de invierno frente al tribunal que lo juzgará. Abogados que representan a familias de las víctimas estimaron que en setiembre podrían comenzar el debate oral para dilucidar y demostrar qué responsabilidad tuvo Jofré, conductor del colectivo de la empresa Polo en el que iban las alumnas y docentes del Colegio Santa María. Ocho de ellas murieron cuando un tren de América Latina Logística arrolló al ómnibus en un paso a nivel.
El juez Varela aún no se pronunció sobre la situación de Mabel Tyempertyopolos, directivo de Polo.
Jorge Sosa, uno de los penalistas contratado por parientes de las damnificadas, recordó que la investigación del accidente, en verdad, se desarrolla en dos instancias. Una parte aún es instruida por el juez de Sentencia, Carlos Varela. La otra –de la que surgió la acusación de Jofré– ya fue elevada a la Cámara del Crimen Nº 2 de San Luis, que se pronunciará sobre la situación del chofer.
En su requisitoria, el fiscal de instrucción, Gabriel Lutens, había solicitado que Jofré sea condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por los homicidios culposos de seis estudiantes y dos maestras y las lesiones culposas del resto del pasaje.
Carlos Salomón, otro de los abogados que representa a víctimas, contó ayer que respecto al trámite de las actuaciones que están en la cámara, hace un par de días “le corrieron traslado a la defensa de Jofré, que puede pedir pruebas”.
Los abogados del chofer “tienen nueve días (para hacer esa solicitud). Es decir, por la feria, ese plazo concluiría los primeros días de agosto. Si piden medidas hay que ver si se las proveen. Después, la cámara estará en condiciones de fijar fecha” para el comienzo del juicio, dijo Salomón.
Por eso, en consonancia con Sosa, considera que si las diligencias se desarrollan en los tiempos previstos, en un par de meses largaría el debate.
Más testigos en la instrucción
Sosa calificó como "muy interesantes" las últimas audiencias dispuestas por el juez Varela. En una de ellas declararon en calidad de testigos Mónica Luna, directora del Nivel Primario del Santa María, y la representante legal de esa institución, Silvana Gamizo. Dijeron que en lo reciente habían realizado tres viajes, que los habían organizado o coordinado de modo similar y que no habían notificado “a Transporte, del Ministerio de Educación, de la salida a Zanjitas por una cuestión de tiempo”, resumió Sosa.
También declaró un hombre de apellido Nievas, empleado de ALL. “Es un técnico, alguien que ha estado a cargo de mantenimiento y tiene la jerarquía de supervisor. En virtud de ello, ni bien ocurrió el accidente, le avisaron y él fue al lugar”, refirió.
El testigo dijo que fue una de las primeras personas que entró al tren luego del choque “aunque nadie podía ingresar, y lo hizo acompañado por un policía”, contó Sosa. El empleado aseguró que el convoy tenía “un MTC, una especie de computadora que registra cierta información, por ejemplo, la ubicación que tiene en un momento determinado”.
“Tres de los cuatro mótorman –abundó Sosa– dijeron que no existía esa computadora. El restante, que sí. Y Nievas corroboró que estaba puesto el freno de emergencia y vio que estaba este aparato. De hecho lo tienen. Es lo que sostuve y denuncié desde el comienzo: que ALL incurrió en ocultamiento o sustracción de prueba”. Por lo que explicó el empleado, “esa computadora guarda la información sólo un año”.
El dispositivo en cuestión “transmite los datos a una central que está en Palermo, y de allí, esa información va a un servidor que la firma tiene en Brasil”, indicó Sosa.
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