Los concejales del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) solicitaron al Tribunal de Cuentas Municipal que informe si el organismo inició acciones de cuenta o responsabilidad contra funcionarios municipales por el rechazo de los balances de 2007, 2009, 2012 y 2013 y si existieron pronunciamientos sobre estos casos.
"Es importante conocer si hay perjuicios, si hay culpables y si se puede recuperar el dinero”
El escrito, presentado este miércoles, indaga sobre varios puntos. El primero inquiere si el Tribunal inició acciones sobre los balances presentados y que fueron rechazados por el Legislativo municipal. “Queremos que nos indiquen, si hubo presentaciones, el estado de estas acciones y que nos individualicen los casos y nos entreguen una copia de cada uno de los expedientes que estuviesen abiertos”, comentó Francisco Guiñazú.
También pretenden conocer en qué expedientes se pronunció el Tribunal y una copia de esta decisión. Los ediles buscan saber cuáles son los obstáculos que hayan impedido tener las copias de la definición adoptada.
“No basta con un informe. Es importante para los vecinos saber si hay perjuicios municipales, si hay culpables y si se puede recuperar algo de ese dinero”, justificó el concejal radical.
Guiñazú explicó que pidieron que les cuenten si el Poder Ejecutivo municipal facilitó o no la investigación y envió toda la documentación e información requerida. “En caso de ser negativo, deseamos las copias de las notas enviadas y que no fueron respondidas”, agregó el edil. La indagatoria también alcanza a cuáles fueron las medidas adoptadas por el Tribunal ante la reticencia informativa.
El último punto es una sugerencia para mejorar la capacidad o darle mayor amplitud al Tribunal. "Queremos que nos recomienden qué medidas legislativas consideran necesarias para mejorar la tarea del organismo”, agregó Guiñazú.
La última bomba con los balances explotó hace tres semanas cuando el Tribunal de Cuentas detectó varias irregularidades en las cuentas de inversión de 2013 de Enrique Ponce, como subsidios y reintegros a funcionarios. Lo que más llamó la atención a los miembros del organismo es que esas falencias se habían repetido en 2012, período a cargo de la actual gestión.
Los representantes del Tribunal se comprometieron a revisar todos los expedientes y de encontrar más irregularidades, no descartaron citar a los funcionarios.
En el 2007, durante el último año de la intendencia de Alfonso Vergés, el rechazo de los números fue por una diferencia de un dinero enviado por el gobierno nacional para asfaltar 70 cuadras que nunca se efectivizó. La otra fue en 2009, con Alicia Lemme a cargo, pero esta vez no fue por la utilización de los fondos, sino por una cuestión formal como los métodos usados en la rendición.
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