El Gobierno argentino alista la contraofensiva judicial para elevar la batalla con los fondos buitres a la Corte Internacional de la Haya. Con esta estrategia intentará poner fin a una demanda que considera injusta aunque lo expondrá a un enfrentamiento directo con los Estados Unidos.
Así intentará poner fin a una demanda que considera injusta aunque lo expondrá a un enfrentamiento directo con los Estados Unidos.
El mayor reparo en la táctica pasa porque la vía judicial extenderá la vigencia de las declaraciones de "default selectivo" realizadas recientemente por la agencia Standard & Poor's y la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que gatilló el pago de seguros por 1.000 millones de dólares.
Si bien el Gobierno se mantiene inflexible en afirmar que la Argentina no ha caído en default sino en una situación financiera sin precedentes en la que un país soberano quiere y puede pagar su pasivo reestructurado pero un juez no lo permite por un litigio sobre el tramo de deuda impaga, hay temor de un desplome en los valores de los bonos hacia fin de año.
La administración de Cristina Kirchner acusa a la Justicia estadounidense de mala praxis y antes de ir a la Haya pasará por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo es obtener apoyo y forzar a la primera potencia mundial a que acepte dirimir el llamado "juicio del siglo" en ese tribunal.
La demanda dejaría en un segundo plano a los fondos especulativos liderados por el NML Capital y el Aurelius Capital Management -que reclaman el pago de 1.600 millones de dólares por bonos defaulteados en 2001- porque iría ya contra la gestión de Barack Obama, la Justicia estadounidense y el Parlamento de ese país.
La estrategia argentina se inscribe en el Derecho Internacional, el cual indica que las decisiones de un sistema judicial que provocan consecuencias sobre otra nación deben ser denunciadas legalmente en el marco de un litigio de Estado a Estado.
NA
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