El Gobierno logró su reforma a la Ley de Abastecimiento

El Gobierno tendrá más herramientas para intervenir en los mercados luego de que la Cámara de Diputados aprobó ayer a la madrugada el paquete impulsado a toda velocidad por el Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Abastecimiento.
La iniciativa —resistida por la oposición y gran parte del empresariado— busca acotar el margen de maniobra en distintos mercados, en especial el sector agropecuario, acusado por el Gobierno de "especular" no liquidando millones de toneladas de soja.

130 fueron los diputados que apoyaron la nueva ley que impulsó el Gobierno. Otros 105 la rechazaron.

El tema cobró tanta repercusión que llevó a la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, a desmentir que el Gobierno "vaya por los granos".
El paquete aprobado incluye también mayores protecciones para los consumidores y la creación de un tribunal especial para dirimir litigios entre usuarios y empresas.
Tras hacer un importante recorte de oradores, la primera votación, sobre la reforma de la Ley de Abastecimiento, se hizo pasadas las 2, con 130 votos afirmativos, 105 negativos y 5 abstenciones. Luego se votó la creación del Observatorio de Precios (136 respaldos y 104 rechazos) y ahí fue el momento del  proyecto que establece un fuero especial para dirimir conflictos de consumidores (202 afirmativos y 36 en contra).
Los principales bloques de la oposición coincidieron en que la nueva Ley de Abastecimiento busca que el Estado pueda intervenir en el libre comercio, además de ser inconstitucional y perjudicial para las inversiones.
El secretario de Comercio, Augusto Costa, desafió al Grupo de los 6 (G-6, principales cámaras empresarias) a demostrar la "supuesta inconstitucionalidad" de la nueva ley. "Si recurren a la Justicia van a tener que demostrar que estas herramientas son anticonstitucionales o no son legítimas. En los 40 años de la ley ningún juez se expresó en ese sentido".
Fuentes empresarias del G-6 (Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara Argentina de Comercio, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y los bancos de ADEBA) adelantaron que contratarán abogados constitucionalistas para asesorarse en su intento de cuestionar la validez constitucional de la reforma de la Ley 20.680, como también del principio de pagar las multas y luego reclamar ante el juez, en el caso del nuevo fuero del consumidor.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que es "una ley extraordinariamente mejor que la vigente", y rechazó la amenaza de los empresarios de recurrir a la Justicia. "Lo que buscan es que no se defienda a las pymes", aseguró.
El titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, vaticinó que a partir de la aplicación de la Ley "va a haber cataratas de amparos en toda la Argentina", y advirtió: "Con la sanción se dio un paso más al 'exprópiese' de (Hugo) Chávez".