El Volcán: de un taller de inclusión a un aguantadero

El edificio de la escuela Nº 139 "Carolina Tobar García" fue cedido por Educación para que funciones un Taller de Inclusión.

El edificio de la Escuela Nº 193 “Carolina Tobar García”, que fuera inaugurada en 1953 durante el gobierno de Juan Domingo Perón sobre la actual avenida Juan Pascual Pringles, frente al balneario La Hoya de El Volcán, tiene hoy energía eléctrica mediante a una conexión clandestina y el agua llega a través de un medidor que puso el Municipio hace tiempo para abastecer a por lo menos 30 personas que viven allí hacinadas y de manera permanente. Lejos de cumplir alguna función para el Ministerio de Inclusión Social, ese lugar se transformó, según los vecinos consultados por un equipo de El Diario de la República, en “un conventillo y aguantadero”.

El aspecto que presenta el edificio es lamentable: los techos a dos aguas tienen las tejas partidas, cajones desparramados y ramas de añosos árboles que provocan la filtración del agua cada vez que llueve. El tanque de agua potable no tiene la tapa y en cambio está cubierto con una gran bolsa de nylon negra. Lo que supo ser el patio es un incipiente basural a cielo abierto donde todavía quedan algunos perros atados a los árboles, porque según relataron los vecinos “eran de cada familia que se vino a vivir. Pero como cada tanto se peleaban, decidieron dejarlos a todos atados en alguna rama”.

Varias puertas y ventanas de la vieja escuela que dan al patio están arrancadas, se ven sogas con ropas colgadas y mujeres que lavan durante la mañana con algunos niños correteando alrededor de ese parque descuidado. El alambrado que hacía las veces de límite sobre la calle Maestras Puntanas está caído y roto, ya no contiene nada. 

Los pobladores contaron que esa construcción funcionaba hace “por lo menos dos años como un taller del Plan de Inclusión donde trabajaban muchos de los beneficiarios de esa localidad. Hasta que hubo un cambio del jefe zonal: sacaron a la mujer que estaba a cargo y apareció Marcos Droboti, quien además se quedó a vivir adentro de las instalaciones de la escuela”, dijeron a coro los vecinos damnificados.

Uno de ellos comentó que “cuando llegamos a vivir acá lo primero que tuvimos que padecer fueron las fiestas que se organizaban los fines de semana. Recuerdo que en una de ellas había un policía de consigna y le pedí si podía interceder para que bajaran el volumen de la música. Por supuesto que me trató bastante mal y me refirió que como yo venía de otro lugar, no sabía cómo se manejaban las cosas acá”.

Así fue que esta persona conoció el problema del famoso “hostal escuela” y se sumó a la lucha de otros vecinos que hacía ocho años que estaban tratando de recuperarla. “Lo que descubrimos es que Droboti tiene toda una estructura armada para vivir sin trabajar y obtener recursos económicos a través  de un edificio que es público”, se quejaron. Detallaron que además de cobrar un salario por ser jefe zonal del Plan de Inclusión, al parecer, les retiene a muchos de los beneficiarios de la localidad un porcentaje de lo que perciben a fin de mes, “porque él se encarga de hacer las planillas donde pasan las horas trabajadas”, aclararon. También dijeron que les cobra un alquiler de $1.500 mensuales a las familias que viven allí, a la vez que subalquila habitaciones a algunos turistas desprevenidos. Designó a un muchacho de su confianza para que le cobre $10 a cada auto que viene a conocer La Hoya y estaciona por allí y puso a otra persona a cuidar los baños públicos del balneario para recaudar por esa tarea. Esto se puede confirmar porque en la entrada del edificio escolar se ve con claridad un cartel de madera que anuncia el valor por estacionarse allí.

Entre las quejas que hicieron los vecinos, señalaron que en épocas electorales se hacían reuniones partidarias en ese mismo edificio, que supo alquilar la parte principal para festejar un cumpleaños de 15 y desde hace un año y medio le cobra un canon a una iglesia evangélica para que todos los sábados por la tarde puedan realizar sus actividades religiosas.

Otro tema que los tiene muy preocupados a los pobladores es que “ahí venden drogas”, dicen por lo bajo. “Todo el mundo lo sabe pero la Policía no hace nada. Los mecanismos que usan los pibes que hacen viajes regulares en colectivo por la noche a la ciudad de San Luis te da la pauta de que ahí pasan cosas raras”, insisten. Otro de los casos que comentaron  fue el de un poblador de El Volcán de toda la vida que ya fue amenazado de muerte por Droboti y sus socios en al menos tres oportunidades. El hombre hizo puntualmente las denuncias ante la Policía, la última fue el pasado 6 de diciembre, pero no sólo no cambió nada, sino que el hombre vive encerrado en su casa y sólo sale para ir a trabajar.

Este grupo de contribuyentes, que tienen sus propiedades linderas a la vieja escuela, también han hecho varias denuncias en la comisaría pero hasta ahora ninguna surtió efecto. “Hice una exposición por hostigamiento cuando el verano pasado tomamos unas fotografías para denunciar que habían puesto un camping y hostel. También le sacamos al camión de la Municipalidad que llegó un día con muebles y gente que entraba por las ventanas ocupando las aulas como si fueran departamentos. Cuando las hicimos circular por las redes sociales vinieron a hacerme un escándalo a la puerta de mi casa justo cuando estaba sola con mis cuatro hijos, porque mi marido estaba trabajando. Me dijeron que si los echaban de ahí por culpa de esas fotos me iban a romper todo. Yo no quise individualizar a nadie, aunque los conozco a todos, pero sí quise dejar constancia de las irregularidades que suceden en ese lugar, nada más”, contó una de las vecinas.

El 9 de setiembre del año pasado llevaron una nota de pedido de audiencia hasta la mesa de entrada de la Gobernación en Terrazas del Portezuelo (expediente AD9090009/14) firmada por nueve propietarios de viviendas donde detallaban la situación que aún padecen: “No teníamos la expectativa de que nos recibiera el gobernador, pero al menos que se ocupara algún funcionario de este tema. Pero la respuesta fue que teníamos que dirigirnos al Ministerio de Inclusión, justamente a ver al ministro al que estábamos denunciando por las irregularidades que se estaban cometiendo en ese lugar, donde supuestamente debería funcionar el Plan de Inclusión”, se quejaron amargamente. 

Contaron que en algún momento, Droboti llegó a instalar una suerte de “patio cervecero” junto con el sobrino del intendente, Marcelo Mocdese, en el frente de la escuela. Pero no tuvieron éxito y debieron cerrarlo. Aunque les fue mejor cuando ofreció las aulas como habitaciones tipo hostel y el patio para instalar las carpas de varios turistas “gasoleros”.

Según los frentistas, si bien Droboti fue reincorporado mediante el decreto Nº 5067-MIS-2012 al Plan de Inclusión, el 24 de octubre de 2012, hace mucho tiempo que vive en la localidad y algunos hasta lo recuerdan como funcionario municipal ya que se encargaba visitar a los comercios para cobrarles la tasa correspondiente. “Después de que hablamos con el intendente porque nuestras denuncias ya habían tomado estado público, bajaron un poco los decibeles. Pero hoy vivimos en un permanente tire y afloje. Necesitamos que alguien tome una decisión”, pidieron los frentistas.