Policía asesinado: versiones cruzadas sobre videovigilancia

Si el sistema de videovigilancia instalado por el Ministerio de Seguridad no ha aportado información valiosa para identificar a la persona que asesinó al auxiliar Rodolfo Domínguez, en Villa Mercedes, es porque no todas las cámaras funcionan, explicó una fuente de la investigación. En concreto, consultada por El Diario, aseguró que de los once aparatos existentes en jurisdicción de la Comisaría 10ª, donde ocurrió el crimen, solamente funcionan dos.
El jefe del Programa Innovación Tecnológica del Ministerio de Seguridad, Nicolás Anzulovich, admitió que hay cámaras fuera de servicio, pero negó que sean tantas como dijo la fuente policial. “No es así, de hecho, tenemos imágenes captadas por cuatro cámaras de esa zona, que están siendo objeto de investigación, porque podrían tener relación con el hecho”, afirmó el funcionario ayer, consultado por este medio.
Según Anzulovich, “de las ciento cuarenta cámaras instaladas en Villa Mercedes no están en funcionamiento unas quince, algunas porque han sido objeto de ataques vandálicos, otras porque se han quemado por golpes de tensión y otras, por fallas de sistema”. “La cantidad varía porque nos han roto varias y las vamos reponiendo, pero es muy costoso”, agregó.
Explicó que “el precio varía según la marca, pero una cámara, ya instalada, con el tendido de fibra óptica, le cuesta al Estado provincial entre ochenta mil y ciento veinte mil pesos”.
Al responsable de Innovación Tecnológica, de quien depende el sistema de videovigilancia, le pareció un despropósito la cantidad de nueve equipos fuera de servicio, solamente en jurisdicción de una comisaría, mencionada por un informante ligado a la investigación del asesinato de Domínguez.
Para respaldar sus dichos, la fuente aseguró que ese dato está contenido en un informe que el Centro de Operaciones le elevó al nuevo jefe de la Unidad Regional Dos Metropolitana, comisario mayor Walter Cuello.
“Esa cantidad de equipos fuera de servicio no es real. En general, tenemos un porcentaje de diez a quince por ciento de caída del sistema”, dijo el funcionario. Y explicó que ayer, por ejemplo, “de las ciento noventa y seis cámaras instaladas en San Luis, no funcionaban dieciséis”.
El Gobierno ha licitado el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema. Y está por publicar la licitación de la provisión de repuestos, que no están incluidos en la contratación de mantenimiento.
Anzulovich defendió la utilidad del sistema de videovigilancia al señalar: “En San Luis tenemos entre treinta y cincuenta servicios de intervención diarios, por lo que sea, por personas en actitud sospechosa, accidentes, delitos o cualquier otra situación en la que tenga que actuar la Policía”.
Según su evaluación, los aportes de las cámaras de seguridad mejoraron a partir de una serie de modificaciones en el control, que incluyeron poner personal y supervisores de la Policía en el centro de monitoreo. “Hay dos policías por guardia y los operadores trabajan en forma muy coordinada con ellos”, dijo. 
En Villa Mercedes, en cambio, la utilidad “es mucho menor. Estamos notando que falta coordinación”. Su diagnóstico coincide con el de la fuente de la Policía consultada en esa ciudad, que entiende que un trabajo más integrado entre los civiles a cargo del monitoreo, que funciona en el Centro Cívico, y la fuerza de seguridad, mejoraría la prevención.