Temía por la seguridad de una nena y se negaba a devolverla

Soledad Nava asegura que no es sólo que su corazón está aferrado a la nena que había recibido para cuidar, a través del sistema de Familias Solidarias. Dice que su negación a cumplir con la orden de una jueza de que la menor volviera con su familia biológica estaba fundada en el temor. El temor a que la criatura, que hoy tiene dos años y diez meses, sufra maltratos y, en el peor de los casos, termine como su hermanita, Nazarena, muerta a fuerza de golpes y quemaduras de cigarrillos.

Los padres de ambas nenas, Mario Molina y Esperanza Alejandra Barzola, están presos, esperando que los juzguen por el crimen. Pero Soledad sostiene que los familiares de Molina fueron cómplices de las torturas que causaron la muerte de Nazarena, porque vivían al lado de la casa del barrio San Martín donde era maltratada la bebé y no pueden no haber visto o escuchado lo que pasaba.

Por eso ayer se expuso no sólo a que la acusaran de incumplir el convenio que había firmado con el subprograma Familias Solidarias, que en uno de sus puntos centrales establece que los menores que recibe para cuidar no van a quedarse con ella para toda la vida, sino al riesgo de que la detuvieran por desobedecer una orden judicial.

Anteayer, Nava fue notificada de que ayer debía viajar de Justo Daract, su ciudad, con la menor, para entregarla en Familias Solidarias. La jueza de Familia y Menores Nº 1 de la capital, Estela Inés Bustos, había resuelto darle la guarda de la pequeña a su tía paterna, Natalia Molina.

Ayer Soledad viajó a San Luis, pero no entregó a la nena. Primero “fui por el juzgado, porque quería hablar con la jueza, para pedirle que por favor no se la entregue a los familiares, o por lo menos que me dijera que está segura de que va a estar bien y que la van a controlar, pero no me atendió. Me mandó a decir que yo no podía hacer nada porque yo no soy parte en la causa judicial”, lamentó.

Dejó a la criatura al cuidado de otras personas y fue a Familias Solidarias, acompañada por su esposo, sus padres y Roque Barzola, tío materno de la menor. Una psicóloga y un abogado le explicaron que no podía seguir resistiendo la orden judicial. Incluso se exponía a que la excluyeran del sistema y le retiraran a una adolescente de 14 años a la que cuida desde que tenía 9.

Estuvo reunida con ellos una hora y lloró angustiada, pero al final accedió. A las tres y media de la tarde presentó a la nena en la oficina pública.

"Se la vio muy contenta"

“Con la jefa del programa de Desarrollo Social (Eugenia Cantaloube)  acompañamos a la menor al lugar donde va a vivir. La familia solidaria que la tenía se oponía porque iba a vivir en la casa donde tuvieron lugar los acontecimientos que dieron lugar a que fuera separada de la familia biológica”, dijo la jefa del subprograma Familias Solidarias, Andrea Lucero Gitto.

“Como recaudo –agregó–, establecimos que no va a vivir ahí. Evaluamos todas las condiciones en las que va a estar, no en esa vivienda del barrio San Martín, sino en otra, y lo importante es que resguardamos el interés superior del niño”.

En realidad, más que oponerse a que regresaran a la chiquita a la casa donde su hermanita fue asesinada, Soledad Nava se oponía a que la dejaran al cuidado de sus parientes paternos.

Pero la criatura “tuvo una integración perfecta con su familia de origen, en ningún momento hubo una resistencia por parte de la menor, se la vio muy contenta jugando con la prima, se la vio muy bien al momento de realizar la restitución”, dijo Lucero Gitto.

La funcionaria señaló que, si bien ella inició su gestión el 10 de diciembre, ya que antes el subprograma estaba a cargo de otra persona, el contacto de la nena con sus familiares biológicos comenzó antes, a través del sistema de “revinculaciones”, una serie de encuentros entre el menor y su familia de origen, supervisadas por un psicólogo.

“El menor interactúa con la familia de origen y se evalúan todos los comportamientos que tiene, si hay diálogo, todo lo que sirva para establecer si hay buen vínculo o no”, explicó. El informe psicológico sobre esos encuentros es uno de los elementos que analiza el juez a la hora de resolver.

Consultada por El Diario, la jueza Bustos reveló que tomó la decisión de reintegrar a la menor a su familia biológica luego de evaluar distintos informes, elaborados por profesionales del Poder Judicial y del área de Familias Solidarias, que la convencieron de que la nena no va a estar en riesgo.

Apartar a un menor de su familia biológica “es una medida excepcional protectoria, y la misma Ley exige que el niño pueda estar con su familia biológica extensa en caso de que no pudiera estar con la biológica inmediata, es decir, con sus progenitores”, recordó la magistrado.

“Se hizo un seguimiento de la familia biológica extensa. El gobierno, a través del programa Familias Solidarias, puso a disposición todos los resortes necesarios para hacer controles psicológicos y sociales”, agregó.

“Nos elevaron –dijo Bustos– un informe considerando que la familia era idónea y la defensora de Menores, Marcela Torres Cappiello, peticionó en diciembre la inmediata restitución de la niña a su familia biológica extensa, porque ya no hay motivos para que no esté con ella”.