Los vecinos de Villa de Merlo tienen que lidiar con un conflicto que se vuelve cada vez más espeso. Ayer se cumplieron trece días que la ciudad no cuenta con transporte público y la Municipalidad tuvo que recurrir a contratar a privados para brindar un servicio de emergencia en el horario escolar. Mientras que el gremio de los trabajadores asegura que Zenibus no cumple con el pago de haberes y que no reincorporan al empleado despedido, como lo ordena la conciliación obligatoria; el abogado de la empresa sostiene que está todo en regla y que hay una medida cautelar que obliga a los choferes a levantar el paro.
Lorenza Gareca, directora de Transporte de Villa de Merlo, explicó que el lunes Zenibus, dispuso dos unidades para cumplir con el servicio de emergencia que iban a ser conducidas por el personal jerárquico de la empresa, pero los trabajadores impidieron que realizaran el recorrido. Algo que ya había pasado el lunes de la semana pasada. Por lo que el Municipio dispuso contratar a los prestadores de servicios turísticos para realizar un recorrido que trasladase a los niños al colegio.
“Convocamos a dos empresas locales de excursiones para que cubrieran el recorrido hacia Cerro de Oro, Piedra Blanca y Rincón del Este. Pero lamentablemente una de ellas recibió amenazas de tal magnitud que la hicieron desistir de la contratación”, manifestó Gareca.
La funcionaria detalló que para salir del apuro debieron recurrir a remises y taxis de la ciudad para que los alumnos pudieran asistir a clases, especialmente los que viven en la zona sur. Y agregó que los alumnos no abonan pasaje ya que la Municipalidad pautó una tarifa especial de la que se hace cargo hasta que se restablezca la prestación de los colectivos.
“Hemos hecho todo el camino legal desde el dictado de conciliación hasta las notificaciones, y ahora estamos evaluando cómo procederemos en caso de no solucionarse el conflicto”, dijo y reiteró que podrían rescindir el contrato con Zenibus.
Néstor Iannizzotto, abogado de la compañía, señaló que existe una medida judicial que obliga a los trabajadores a levantar el paro, que se inició antes de la instancia de conciliación obligatoria, y como es una resolución cautelar tiene más peso que la instancia administrativa.
“Es una falta grave que traerá consecuencias penales. Además está agravado porque no dejan prestar los servicios de emergencia”, indicó. Y aseguró que ya realizaron las denuncias correspondientes.
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