SAN LUIS - Viernes 27 de Junio de 2025

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Milei desregula el transporte de media y larga distancia: preocupan los precios

La norma se publica mañana en el Boletín Oficial. El gobierno de Milei dice que apunta a modernizar y desburocratizar, pero los precios de los pasajes quedan liberados.

Por redacción
| 07 de octubre de 2024
Desregulado. Las empresas podrán decidir todo sobre los servicios de media y larga distancia, sin el ojo del Estado. Foto: NA

En su afán de desregular todo lo que se pueda sin importar los costos, sobre todo para la población, el gobierno nacional publicará mañana en el Boletín Oficial el decreto que desregula los servicios del transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia. Y la principal preocupación para los usuarios de estos servicios son, otra vez, los precios de los pasajes, que podrían subir considerablemente.

 

Las experiencias previas de desregulación no son nada tranquilizadoras. Los servicios de las prepagas se encarecieron fuerte tras la liberación del sector encarada por el gobierno libertario. Los valores de los combustibles no dejan de crecer, pese a la “baja” casi ficticia de este mes.

 

En la versión oficial, la medida “generará beneficios para todos los actores del sector, como la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros, el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas”.

 

Uno de los efectos buscados es que, sin regulaciones, haya mayor oferta de empresas y mejores precios a partir de la competencia. Una idea que, en la Argentina, nunca “prendió” mucho en el empresariado local, que antes de competir prefiere “cartelizarse” y acordar precios similares (y más altos): en buen romance, prefieren “ganar todos lo mismo” y perjudicar al usuario, antes que “desgastarse” en una competencia de ofertas, productos y servicios.

 

La nueva norma es impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y reemplazará a la actual que tiene más de 30 años.

 

El objetivo de la desregulación es, siempre según el análisis oficialista, lograr la liberalización y modernización del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual.

 

El decreto crea el Registro Nacional del Transporte de pasajeros, de acceso público, sin costo y online, para una mayor comodidad del transportista, el ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia.

 

Las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que hacerlo nuevamente. Sí deberán registrarse las nuevas que, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de 5 días post inscripción, aplicando de esta forma la nueva metodología de “Silencio Positivo” ya implementada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

 

En todos los trámites se mantienen las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente.

 

A partir de esta norma las empresas podrán establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios, e incluso los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por las jurisdicciones locales: Dicen que así habrá una mayor oferta de servicios y competencia de precios “que beneficiará tanto al usuario como a las empresas y transportistas”.

 

Los empresarios tendrán que informar la capacidad de transporte, detallando cantidad y tipo de vehículo, cantidad de asientos, seguros contratados, la nómina de conductores a asignar y la información relativa a las licencias de conducir de los mismos, la periodicidad de los servicios declarados, el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje.

 

No podrán ofrecer al público servicios que no estén informados en el Registro Nacional del Transporte de pasajeros.

 

La autoridad de aplicación de la medida será la Secretaría de Transporte de la Nación del Ministerio de Economía y comenzará a implementarse en 60 días, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.

 

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