El Gobierno instruyó al Ente de Comunicaciones (Enacom) para que en un plazo de 15 días ponga en marcha un mecanismo para que las empresas prestadoras del servicio de telefonía celular identifiquen a los propietarios de las líneas móviles existentes en todo el país.
La medida fue dispuesta a través de la resolución conjunta 6-E/2016 de los ministerios de Comunicaciones y de Seguridad, publicada ayer en el Boletín Oficial.
En la misma se instruyó al Enacom "para que en el plazo de 15 días desde la publicación de la presente adopte las medidas necesarias destinadas a identificar a todos los usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles del país en un Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles".
"A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto, la obligación de nominar las líneas telefónicas estará en cabeza de los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles de todo el país, quienes deberán desarrollar, operar y administrar a su costo los sistemas a implementar", estableció la normativa.
Asimismo, indicó que "los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles deberán albergar la información de manera segura, auditada y perdurable, debiendo la misma estar disponible para el eventual requerimiento del Poder Judicial y/o del Ministerio Público".
Además, determinó la creación de "una Comisión Conjunta de Seguimiento de Implementación de la presente Resolución, que estará integrada por 6 miembros", de los cuales tres serán propuestos por Comunicaciones y los otros por Seguridad.
Además funcionarios y empresas de móviles trabajan desde mediados de año en el desarrollo de una herramienta que permita validar la identidad de quien adquiere un chip prepago antes de que la línea pueda utilizarse a pleno.
El sistema, aún en desarrollo, permitirá "nominatizar" los chips, es decir saber nombre y apellido de quien adquiere y usa la línea en cuestión, en el marco de las estrategias para reducir el robo de teléfonos en el país, que alcanza a aproximadamente 5.000 por día, y el uso de líneas a nombre de terceros para la realización de delitos, como los secuestros express o virtuales.
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