Zanjitas: recopilan datos para definir si hay más responsables

Una parte de la investigación para establecer si hay más responsables penales por la tragedia de Zanjitas, ocurrida el 2 de noviembre de 2011, se lleva adelante en la Fiscalía Federal, a cargo de Cristian Rachid. A un año y un mes de que la Cámara del Crimen Nº 2 de San Luis condenara a Julio César Jofré por el homicidio culposo de las seis alumnas y las dos docentes del Colegio Santa María y por las lesiones culposas sufridas por otras 25 pasajeras, Rachid, en conjunto con un órgano nacional, recopila información, paso previo al análisis para definir si hay elementos suficientes para el llamado a indagatoria de otros sospechosos.

—En concreto, ¿cómo desarrolla esas averiguaciones?

—La hago en conjunto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es una fiscalía especializada, que funciona dentro de la órbita de la Fiscalía General de la Nación, que es la sede central del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de la que dependen todas las fiscalías del país. Cada vez que hay un delito que involucra a un funcionario de la administración central del Estado nacional, dependiente del Poder Ejecutivo, esta Procuraduría tiene que tomar obligada intervención, a la par del fiscal de la causa. E inclusive puede desplazar a éste.

—¿Cómo son los plazos de esa investigación?

—Mientras no se haya llamado a declaración indagatoria a alguna persona, el plazo es la prescripción del delito. En esta circunstancia, la acción penal se extingue de acuerdo a qué delito se impute. Hay una cierta complejidad. A los funcionarios que eventualmente hayan incumplido con sus deberes se los puede considerar participes de homicidio culposo. Se los puede considerar, como suele ser lo más habitual, incursos en delitos vinculados a incumplimientos de los deberes de funcionario público o algún delito contra la administración pública. En ese caso, la prescripción es más corta. Mientras la persona ostente un cargo público, la prescripción se suspende y corre recién cuando abandona el cargo público.

—¿Qué pasos ha dado de modo conjunto con la Procuraduría?

—Hemos acordado toda una batería de medidas, que está en curso. Son muchas… Lo que sucede en este tipo de investigaciones es que la información tarda mucho en llegar. Es una regla. Inclusive muchas veces lo pido como fiscal, pero en la mayoría de los casos, después de dos o tres solicitudes, tenemos que hacerle un requerimiento al juez, para que él lo pida bajo amenaza de iniciar una causa penal por no contestar. Y no siempre es sólo a la parte privada, es también al mismo Estado nacional. No siempre es necesariamente por una actitud reticente, sino por la propia burocracia estatal, que hace que los pedidos se diluyan.

—¿A qué apuntan esas medidas?

—Se tiende a ver los niveles de responsabilidad y control que le tocaba a cada parte, ya que al estar involucradas tanto rutas provinciales como un ramal ferroviario que corresponde a la Nación, primero se debe deslindar a quién corresponde la mantención del ramal, a quién corresponde la explotación de servicio ferroviario y cuál es la responsabilidad en cuanto a la señalización y controles. No hay que soslayar que el principal responsable, según el fallo del tribunal provincial, es el chofer del colectivo. Tenemos que ver si hay una culpa concurrente y con efectos penales de estas otras partes, que determinen que el accidente y el resultado mortal, desde el punto de vista penal, se puede atribuir no sólo a la negligencia del conductor del autobús, sino, así mismo, a negligencia o incumplimiento de otros actores.

—¿Hay indicios como para llamar a indagatoria a algún representante del Estado o a personal de la empresa concesionaria del ramal, América Latina Logística (ALL)?

—Estamos en proceso de ver si cumplieron o no. En principio, el Estado es quien debe controlar la prestación del servicio y el que debe tener en cuenta la señalización en la ruta; y la empresa, la explotación del servicio en condiciones de seguridad. Hay que ver qué items tenía que cumplir la empresa según el contrato de concesión; si los cumplió o no; si el Estado controló, cómo controló. Ahí está la mayor dificultad, ver si estas inspecciones se llevaron a la práctica. Hubo relevamientos, informes, que es lo que tenemos que conseguir. Hubo auditorías previas al accidente, que son las que hemos pedido. Y seguramente le solicitaremos a la Justicia provincial los antecedentes que quedaron de las reconstrucciones que se hicieron, cercanas al momento del hecho.

—¿Cuáles son, en concreto, las personas en la mira?

—Porque es de público conocimiento sabemos, por ejemplo, quien estaba a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación en aquel entonces (NdP: Juan Pablo Schiavi, condenado en diciembre pasado a ocho años de prisión por la Tragedia de Once). Pero aún no hay imputaciones. Recordemos que también podemos tener involucrados de la concesionaria. Por ello hay que ponerle nombre y apellido a los distintos funcionarios, tanto del Estado como de la concesionaria. Después de reconstruir la responsabilidad persona por persona, se verá si incurrieron en delito o no. Con la limitación de la sentencia del tribunal provincial, que debemos respetar, en la que se concluyó que el responsable fue el chofer del ómnibus. En materia penal, a diferencia de la civil, se hace un corte. Cada persona tiene que responder sólo por lo que hizo o dejó de hacer y le era competente a ella. No puede responder por lo que hizo otro. Distinto es en la faz civil, donde responden entes y personas jurídicas.