Fueron extensas y por momentos poco claras las explicaciones que durante la semana esbozó el presidente de Estudiantes Carlos Ahumanda, sobre algunos manejos financieros del club. De todos modos, de sus palabras se desprende que en el año 2013, durante la gestión de Claudio Poggi, el gobierno provincial le pagó a Estudiantes de San Luis, una supuesta deuda que el Estado tenía con una empresa vinculada al dirigente mexicano a raíz de refacciones realizadas en el estadio Juan Gilberto Funes.
Sin embargo, el pago que el Gobierno le hizo a Ahumada no siguió los carriles normales, ya que no reconocía la supuesta deuda, sino que llegó a través de una Resolución ministerial (respaldado después por un decreto) que llevaba como concepto un aporte extraordinario para el pago de sueldos por el monto que reclamaba Ahumada: 1.700.000 pesos. Esa modalidad, reñida con los procedimientos transparentes, hizo que el decreto que autorizaba el pago, haya salido publicado en el Boletín Oficial con la sola mención a la Resolución y sin más detalles en cuanto al destinatario y monto del desembolso.
Otro punto oscuro de la maniobra es que en la conferencia que Ahumada brindó entre semana, prefirió no dar el nombre del funcionario provincial que hizo las gestiones para que el pago se concretara y con el cual se reunió en la Casa de San Luis en Buenos Aires. Si ese “misterioso” funcionario público es quién arbitró los medios para que salga el pago, y la reunión fue en una oficina pública, ¿Por qué ocultar el nombre?
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