El senador nacional por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá fijó claramente su posición respecto al financiamiento de la ley que devuelve el IVA de los alimentos a los jubilados y personas que cobran planes sociales y explicó que "el gobierno nacional debe afectar sus recursos a la restitución de ese tributo, si no debe modificar la Ley de Coparticipación y hacer un acuerdo con las provincias" y en ese contexto hizo un llamado a las regiones del interior para que "no se rindan antes de tiempo".
El legislador sostuvo que si el Ejecutivo "aplica la medida de forma arbitraria, ocurrirá como la restitución del 15 por ciento que dispuso el fallo de la Corte Suprema", tras una larga pelea que encabezó San Luis y que en primera instancia alcanzó a Córdoba y Santa Fe y luego benefició a la mayoría de las provincias.
El gobierno nacional retenía desde 1992, para financiar a la ANSeS, fondos coparticipables. Éste fue el motivo de los reclamos judiciales que inició el gobernador Alberto Rodríguez Saá en el 2007.
Adolfo aseguró que la Nación "no puede afectar los fondos que le corresponde a las provincias" y que "si lo hace un funcionario estaría transitando un mal camino que lleva a que planteemos muchos reclamos".
El Impuesto al Valor Agregado es un tributo que se coparticipa en todas las provincias argentinas por lo que la aplicación del reintegro aprobado ayer, puede restarles recursos.
El legislador puntano recordó que el Impuesto al Valor Agregado "fue una ley peronista, sancionada el 23 de diciembre de 1973 en el gobierno del general Juan Domingo Perón, pero en ese momento se fijó que estaban exentos los alimentos".
Rodríguez Saá aclaró que después "otros gobiernos le pusieron el IVA a los alimentos", carga impositiva que "afecta a la mayoría de la población que comprende un 34 por ciento de pobres e indigentes". Además le solicitó a sus pares abrir el debate para tratar una reforma tributaria más amplia. Dijo que el proyecto que se aprobó "es una exención parcial, es un paso adelante pero habría que dar otro más".
La ley
El Senado convirtió en ley el proyecto que establece un régimen de reintegro a jubilados y beneficiarios de planes sociales de una proporción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compras de productos de consumo masivo en comercios minoristas.
La iniciativa, que ya contaba con el aval de Diputados, fue aprobada de manera unánime en el Senado de la Nación.
La norma establece que, para percibir el reintegro del IVA, las compras deben ser realizadas con tarjetas de débito o crédito habilitadas por la AFIP.
Si bien se fija un tope de 300 pesos por mes de devolución, ese monto será ajustado en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Indec que comenzará a ser difundido la próxima semana con la medición de mayo respecto a abril.
El proyecto vino de Diputados con un error que, según se acordó, será subsanado cuando sea reglamentado por el Ejecutivo.
El punto en cuestión es el artículo 10, que prohíbe la “aplicación de comisiones transaccionales sobre las operaciones comprendidas en el estipulado en la Ley realizadas con tarjeta de débito”.
El espíritu del proyecto es que a los pequeños comerciantes se les subsidien los costos del posnet y que no tengan que pagar una comisión del 1,5 por ciento del total de sus operaciones.
Pero como quedó redactado también se verían beneficiados los hipermercados.
El proyecto alcanza a 9,2 millones de argentinos, entre los que se cuentan a 3,6 millones de jubilados, 1,5 millones de pensionados, 4 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y 100 mil de la Asignación Universal por Embarazo.
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