El Estado dejará de apelar cuando la Justicia disponga el beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por delitos de lesa humanidad, según publicó el diario Clarín. Y aseguró que el Gobierno prevé un aumento de requerimientos de prisión domiciliaria para represores mayores de 70 años.
Los funcionarios de la gestión de Mauricio Macri pronostican que la Justicia hará lugar a los pedidos y que se impone la decisión política de no apelar. "Es el tiempo que nos toca vivir", explicaron en la Secretaría de Derechos Humanos, en alusión a la edad (cada vez más avanzada) de los 1.056 detenidos que registra la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hasta el 30 de junio.
Según el Ministerio Público, hasta junio pasado había 462 detenidos por crímenes de lesa humanidad con arresto domiciliario.
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