Allanaron las oficinas de Polo por la tragedia de Zanjitas

La jueza de Sentencia, Laura Molino, ordenó allanar dos oficinas de la empresa Polo para buscar documentación que le ayude a determinar cuál era la intervención que tenían, en el manejo de la firma, la madre y la hija de la dueña, Mabel Tyempertyopolos, procesada por su supuesta responsabilidad en la tragedia de Zanjitas, protagonizada por uno de sus colectivos, hace hoy seis años.
El motivo de la requisa de documentos es que la magistrado debe resolver si procesa o les da el sobreseimiento –es decir, si las desvincula de manera definitiva de la investigación– a Micaela Baldoni, hija de la empresaria, y a Araceli Valles, su madre.
Molino tiene a su cargo una segunda parte de la investigación por el choque de un tren carguero de América Latina Logística (ALL) contra el Mercedes Benz de Polo, ocurrido el miércoles 2 de noviembre de 2011, que causó la muerte a seis nenas de entre 10 y 11 años, alumnas de quinto grado del colegio “Santa María”, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo. También murieron la vicedirectora de Primaria y una maestra de la institución.
Ese segundo tramo de la pesquisa judicial continúa, por ahora, contra las tres mujeres. Pero, como Tyempertyopolos ya tiene procesamiento firme, confirmado por la Cámara de Apelaciones, para no demorar más la resolución de su caso, la jueza la separó del trámite contra su hija y su madre.
Y la semana próxima emitirá una resolución importante sobre la imputada, a raíz de un nuevo planteo de la defensa: o le dicta el sobreseimiento o envía a juicio oral la causa contra ella (ver "La defensa no se rinde").
Los allanamientos, realizados el martes a partir del mediodía, duraron ocho horas, informó Molino a El Diario. Inspeccionaron las oficinas de las firmas Polo Sur y Polo SRL, en calle Italia 1559 y en avenida Justo Daract 3868.
“Los resultados fueron positivos en cuanto al secuestro de determinada documental, estamos evaluando porque es mucha y en breve tendremos detallado qué se secuestró”, dijo la magistrado.
Explicó que en breve iban a notificar a los abogados de las mujeres investigadas, “para que puedan controlar la prueba que se está incorporando, impugnar, etcétera, es decir, ejercer el derecho de defensa que les corresponde por ley”.
Luego de confirmar que el propósito fundamental de los procedimientos era buscar información sobre la vinculación de ambas personas con el manejo de la empresa, la jueza agregó: “También es para determinar si hay otra persona que no haya sido indagada y tenga igual o mayor responsabilidad, incluso, que la señora Tyempertypolos”. Algo que resultaría poco probable, según las constancias reunidas en la investigación, ya que ella era la socio gerente mayoritaria.
Los documentos que debían secuestrar anteayer estaban referidos al manejo de las áreas contable, laboral y administrativa de Polo, correspondiente a los años 2010 y 2011. Y, en particular, un “cuaderno de viajes especiales”, conforme al pedido del abogado de una de las víctimas.

Un solo culpable, hasta ahora
Baldoni y Valles ya cuentan, a su favor, con una resolución en la que el anterior juez de Sentencia, Carlos Varela, había determinado la falta de mérito para procesarlas. 
Hasta ahora, el único declarado culpable por la tragedia de Zanjitas es el colectivero Julio César Jofré, a quien la Cámara del Crimen 2 de San Luis condenó, el 19 de octubre de 2015, a cuatro años y ocho meses de prisión.
En esa sentencia, el tribunal ordenó hacer una copia del expediente y enviarla al juez de instrucción Penal que estuviera de turno, para que investigaran a la directora del colegio en la época del accidente, Mónica Luna, por “posible comisión de delito de acción pública”. Es decir, deberían determinar si había incurrido en alguna negligencia que hubiera contribuido a que se produjera el choque o a que las consecuencias fueran más graves de lo que, hipotéticamente, podrían haber sido si los pasajeros viajaban en mejores condiciones de seguridad.
La Cámara 2 también dispuso enviar una copia al fiscal federal de instrucción de San Luis, Cristian Rachid, para que investigara a los directivos de la empresa ALL y al ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.
En su caso, el requerimiento tenía que ver con “el cumplimiento de requisitos de mantenimiento y seguridad del ramal férreo San Martín, especialmente en su paso por todo el territorio provincial”.
Esas pesquisas no han avanzado. Hasta ahora, sólo Tyempertyopolos se enfrenta a la posibilidad de correr la misma suerte que su chofer.