La joven argentina Daniela Vargas, quien pasó casi toda su vida en Estados Unidos sin papeles hasta que Barack Obama la convirtió en una "dreamer" y le permitió ir a la universidad y trabajar legalmente, fue liberada ayer bajo una orden de supervisión tras diez días de detención por el cambio de la política migratoria que impulsa el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La cordobesa, de 22 años, fue liberada del Centro de Detención para Inmigrantes Lasalle en el estado de Lousiana, según informaron sus abogados en un comunicado que reprodujo la cadena CNN.
En ese mismo lugar su padre y su hermano aún esperan una posible deportación a Argentina.
Los abogados de Vargas no especificaron si la liberación implica que no será deportada. Pero señalaron que continúa el procedimiento por los escritos presentados ante la Justicia, para exigir que se respete el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad de expresión.
La familia Vargas, que en 2001 se instaló en Estados Unidos, no regresó a Argentina ni pudo regularizar su situación; excepto la más joven de la familia, Daniela, quien aprovechó la iniciativa impulsada en 2012 por Obama para dar un marco legal a jóvenes inmigrantes sin papeles que llegaron de muy niños con su familia, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La prensa y el propio Obama rápidamente bautizaron a estos jóvenes como dreamers (soñadores).
Su papá Daniel y su hermano Alan, también cordobeses, fueron detenidos el 15 de febrero cuando iban a trabajar.
Oficiales del ICE esposaron a Daniela, quien fue rápidamente liberada por estar amparada por el Programa DACA, una de las pocas políticas inmigratorias de Obama que Trump prometió mantener.
Vargas dejó vencer el plazo de renovación de su status de DACA porque no tenía los 495 dólares necesarios para pagar el trámite.
De hecho, no hacía mucho había tenido que abandonar sus estudios en la Universidad del Sur de Missisipi para convertirse en profesora de matemática por la misma razón.
El trámite para renovar el status de DACA por dos años representa más del 40% del salario mínimo de un empleo de tiempo completo.
Finalmente, Vargas reunió el dinero y presentó los papeles. Al día siguiente, su familia fue detenida y ella comenzó una lucha pública por evitar su deportación.
Hace unas semanas, Trump dio la orden de priorizar los arrestos y las deportaciones de los inmigrantes sin papeles que tengan cualquier tipo de antecedentes judiciales, inclusive una infracción de tránsito. Sus abogados remarcaron que Vargas no entra en esa categoría.
En su defensa los abogados de la joven cordobesa argumentan no deberían castigarla por violar un beneficio migratorio -como el que gozaron los ciudadanos argentinos entre 1996 y 2002- ya que sólo tenía siete años cuando viajó a Estados Unidos y excedió su estadía legal de tres meses.
El caso de Vargas alimenta aún más el clima de tensión e incertidumbre que viven millones de inmigrantes en Estados Unidos desde la asunción de Trump, el 20 de enero.
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