A Franz Calizaya Guerrero lo deschabaron al menos dos cosas: el modo errático en que conducía su Scania rojo, cerca de Justo Daract, y el fuerte aliento alcohólico que los policías le sintieron, después de que parara el vehículo en un control y de que pronunciara unas pocas palabras. Para confirmar si había bebido, tal era la suposición, le hicieron un alcoholtest. El dispositivo marcó que tenía 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre. Le retuvieron el carné y el rodado, que le entregarán cuando el titular del vehículo pague la multa impuesta por la Unidad Provincial de Juzgamiento de Contravenciones de Tránsito, que es de 36 mil pesos.
No es el único caso reciente. A otros dos camioneros que también iban al volante alcoholizados se les impuso multas idénticas, refirió la jefa de ese organismo, Mariana Baretto. Son dos choferes que el sábado volvían de cargar piedras en el cerro La Garrapata, al este de Villa Mercedes, para la obra de Vialidad Nacional en la ruta 7, a la altura de Santa Fe, inundada por la laguna La Picasa. Los interceptaron en el mismo control.
La ley establece que los conductores profesionales, como Caliza Guerrero, deben manejar completamente sobrios, sin una gota de bebida alcohólica en su organismo, recordó la funcionaria. En los tres casos, por haber superado el gramo de alcohol por litro de sangre, los choferes incurrieron en “conducción alcohólica peligrosa”.
Explicó que la Ley de Tránsito que rige en la provincia divide las infracciones en tres clases: leves, graves y muy graves. La de Caliza Guerrero y sus pares fue considerada del tercer tipo. “El valor de la multa se establece en unidades fijas. Cada una de éstas vale 12 pesos. La Policía le aplicó tres mil unidades fijas a cada uno, lo que arroja el monto total de 36 mil pesos, en cada caso”, resumió.
Baretto indicó que la normativa también establece un beneficio para aquéllos que reconocen haber cometido una infracción: un descuento del cincuenta por ciento, válido “desde el día posterior al que le hacen la multa hasta cinco días hábiles”. Al menos hasta el momento en que este medio dialogó con la funcionaria, el pago no había sido efectuado. Por ende, el camión y la licencia del Scania rojo seguían a disposición de las autoridades.
La detección del tercer chofer que manejaba ebrio fue lograda el lunes por efectivos de la Policía Caminera que trabajan en el puesto limítrofe 7, de Justo Daract. El procedimiento fue cerca de las 8:47, según consignó en su informe el comisario José Nievas.
El Scania modelo 420 se dirigía hacia el oeste, e ingresaba a la provincia cuando los uniformados lo vieron avanzar de un lado a otro de la ruta. Al parecer, venía de Córdoba, sin carga.
Calizaya Guerrero paró en el retén. Un efectivo lo saludó, le pidió la documentación para circular, y bastó ese breve intercambio para que sintiera que el olor que despedía de la boca y la falta de coordinación para hablar, refirió la Policía.
El conductor, vecino de Tarija, Bolivia, le mostró su documento de identificación personal, como así también los papeles del vehículo. Ante la sospecha de que estaba ebrio, practicaron la medición en presencia de un testigo, un conductor de Casilda, Santa Fe.
Para completar el cuadro, al inspeccionar el camión, los uniformados encontraron tres botellas de vino tinto “Toro Viejo”, de 750 centímetros cúbicos, y una de marca “Reflejo”.
El testigo santafesino estaba cuando los efectivos notificaron al camionero extranjero de la contravención cometida. Le labraron un acta por infringir dos incisos del artículo 49 de la Ley Provincial de Tránsito, la conducción alcohólica peligrosa y el circular realizando maniobras zigzagueantes al momento del control, detalló la Policía.
Según la conjetura de Baretto, Calizaya Guerrero “traspasó varios controles sin haber sido detectado”, fuera del territorio provincial.
Destacó la labor de la Caminera, que vio cómo andaba por la ruta, evitando que causara un accidente, con lesiones o daños materiales para él o para terceros, e inclusive la pérdida de su propia vida o la de otras personas.
Un taller o tareas comunitarias
La Unidad Provincial de Juzgamiento de Contravenciones de Tránsito es el organismo del Estado que entiende y resuelve sobre las actas de infracciones que labra la Policía Caminera.
Baretto señaló que el protocolo marca que a aquella persona que va al volante con copas de más “no sólo hay que hacerle la multa; la finalidad no es ésa, sino que deje de transitar en esas condiciones”. Por ello, en este caso (y en otros similares), la Policía retiene en forma preventiva la licencia y el rodado.
“Pero, por más que se abone la multa –paso que se puede cumplimentar en el Banco Supervielle o un Rapipago, si se tiene la correspondiente boleta con el código de barras–, tiene que presentarse en la Unidad de Juzgamiento y acreditar ser el titular del vehículo o la persona autorizada a tripular. En este caso, tiene que traer toda la documentación pertinente para retirarlo, a saber: tarjeta verde, o la autorización de manejo – tarjeta azul–, y el seguro vigente, más el pago de la multa”. Sólo si cumple con todo, podrá irse con el oficio que autoriza a la Policía a entregar el vehículo.
El infractor también tiene la posibilidad de hacer un descargo. Éste “se puede hacer por correo, por escrito, o apersonarse en la oficina, en donde hay formularios, y se le explica cómo defenderse. Allí presenta toda la documentación y explica su situación particular”, dijo.
A veces también suele imponerse un requisito más, asistir a algún taller o charla para aprender sobre la conducción responsable, o realizar una tarea comunitaria. Pero recordó que en los hechos más recientes en los que han intervenido, los infractores son extranjeros, por lo que se dificulta o es menos probable que cumplan con este requerimiento.
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