El Municipio capitalino planea hacer otra subasta en marzo

La Municipalidad de San Luis prevé realizar otra subasta pública en marzo con los vehículos retenidos y que no fueron retirados por sus propietarios. El secretario de Gobierno, Francisco Petrino, dijo que son más de 300 automóviles y motos que están en trámite en la Dirección Nacional de Subastas del Ministerio de Justicia de la Nación.

"En total son 450 expedientes para que sean autorizados y nos van enviando por tandas, por lo que esperamos que podamos reunir una cantidad como la que subastamos el sábado, alrededor de 100, 150 vehículos para hacer el llamado a la segunda etapa. Imagino que en los próximos dos meses estaríamos en condiciones de realizar el siguiente remate", indicó Petrino, ayer durante una conferencia de prensa en la que dio un balance de la venta "al mejor postor" realizada el fin de semana, en el predio del Puente Blanco.

En lo que fue la primera experiencia de la ciudad en remates, de las 140 motos que fueron ofertadas, finalmente comercializaron 137 por un valor que osciló entre los 500 y 9 mil pesos. El total recaudado de esas operaciones fueron 532 mil pesos, de los cuales el 10 por ciento (más de 53 mil pesos), sirvió para pagar los honorarios del Colegio de Martilleros y Corredores de San Luis; mientras que un 1,2 por ciento (unos 6 mil pesos), fue destinado a sellados. Petrino dijo que el dinero restante irá a las arcas municipales.

"A cada comprador se le entregó una carpeta para que haga la inscripción en el Registro del Automotor. La documentación consiste en una nota de la Dirección Nacional de Subastas, el acta de remate y el Formulario 12 que es la verificación del vehículo. Es como si fuera un cero kilómetro, se borran los antecedentes, los titulares anteriores y si tuviera alguna deuda de patente o multa", explicó el secretario de Gobierno, quien agregó que para las próximas ventas hay unos 80 automóviles que estarían en condiciones de subastarse.

Durante la conferencia, Petrino también contestó a las declaraciones del juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, quien en la previa de la subasta había indicado que la operación era ilegal porque  "no cuenta con los requisitos jurídicos que demandan los actos de esa naturaleza".

"Las presiones y los palos en la rueda que intentaron poner la semana pasada distintos concejales y el juez de Faltas municipal forman parte de lo que pretendemos que no se vuelva a repetir que es tratar de obstaculizar cada una de las acciones de gobierno con este tipo de presentaciones y artimañas que no le hacen bien a nadie", aseguró.

En diálogo con la prensa, Ferrari ratificó su posición contra el remate de los vehículos retenidos, al considerar que  estaba amparada en la reglamentación de compras, contrataciones y obras públicas.

"La ley se violó y ojalá las instituciones municipales resuelvan este tema. La subasta se realizó y para el Juzgado no está legalizada, independientemente de que haya sido un éxito o no. Si se realizan otros remates en las mismas condiciones, van a continuar violando la normativa", sostuvo.