Cruces por los desalojos que inició la Municipalidad en calle Europa

Está mintiendo", afirmó una vecina, sentada en los asientos dispuestos al público en el recinto del Concejo Deliberante, en la sesión ordinaria Nº 31 de este periodo legislativo; quien varias veces, en voz alta, interrumpió la alocución del secretario Legal y Técnico del municipio, Ignacio Campos. Dos posturas chocaron durante la sesión de ayer en el órgano deliberativo. Por un lado, los vecinos que viven sobre avenida Lafinur y Europa, detrás de las torres Procrear, quienes pidieron respuesta ante el desalojo de uno de los habitantes del lugar la semana pasada y sobre si el mismo destino iba a pesar sobre ellos. Por el otro, el de la Municipalidad, comandada por Enrique Ponce que, a través de la exposición de su secretario que se presentó tras la aprobación de un pedido de informes sobre el conflicto, remarcó que los vecinos habían sido notificados del desalojo y que estaban dispuestos a revisar caso por caso la situación de cada familia, para brindarles una solución.

Más allá de que la exposición de Campos tuvo momentos de tensión, el propio hijo del intendente, Germán Ponce —actual concejal de Somos Todos, fuerza política del oficialismo municipal— llevó tranquilidad y les aseguró a los vecinos —dirigiéndose al público en vez de a Roberto González Espíndola, presidente del concejo, como dicta la normativa— que la Comuna pensaba darles una solución. "La vocación primera de este municipio es siempre poner al vecino ante todo", aseguró. 

Fue Daniela Serrano, concejal del Frente Unidad Justicialista quien generó el encuentro entre ambas partes en el recinto. Ella solicitó un pedido de informes sobre las acciones del Ejecutivo ante el primer desalojo en el terreno, de Macario Romero, de 74 años, ocurrido el pasado 2 de octubre. El objetivo del municipio es continuar el Corredor Vial Eva Perón por esas parcelas, que calculan que ocupan 28 familias. El pedido fue aprobado por unanimidad pero, aún así, Campos se hizo presente para exponer la postura de la Comuna. 

El funcionario contestó que existen varios expedientes (tres civiles y uno penal) en la Justicia Federal que prueban el conocimiento de los vecinos del desalojo. Dijo que el 21 de diciembre de 2017 se dispuso de la primera cautelar para la medida. El 21 de febrero de este año, ya estaba autorizada la acción para la justicia y, el 22 de julio, se los declaró en "rebeldía". 

Entonces, ¿por qué no hacen efectivo el desalojo total? "Se está llevando a cabo una tarea de relevamiento y tratando de alcanzar un consenso personal con cada uno de los ocupantes, a los fines de saber cuáles son las reales y efectivas necesidades de cada uno de ellos. No todos verifican la misma situación. Hay gente que posee viviendas, otros que poseen bienes de valor —incluso superior a la vivienda— y otros que tienen negocios", justificó el funcionario. Sobre esto indicó que hubo "estudios socioambientales" llevados adelante por la Municipalidad y un relevamiento a cargo del cuerpo profesional auxiliar de la Justicia federal. Y, puntualmente, sobre el primer anciano desalojado, el funcionario remarcó que "el día del desalojo fue consensuado con él". 

"¿Dónde van a ir a vivir esas familias? ¿No debería haber sido previsto con anterioridad? Las órdenes de desalojo se están ejecutando. La persona que fue desalojada está viviendo en un galpón", criticó Serrano ante la exposición del secretario y citó, como ejemplo, cómo fue la reubicación de los vecinos que vivían en los vagones apostados en las actuales Torres Procrear. En aquel entonces, el municipio les otorgó viviendas. Hoy promete revisar caso por caso y dar una solución.

Un informe de la Justicia

Hay diferencia de versiones entre Campos y los vecinos. Y es que, aunque los segundos admitieron que fueron encuestados por "la Policía Federal", nunca presenciaron de ninguna forma la asistencia de la Comuna, algo que si marcó el funcionario municipal. 

Incluso, el funcionario enumeró datos del informe de la Justicia, en lugar de uno municipal allí daba detalles de las familias relevadas (que en diciembre eran 29 y hoy serían 28). Hay algunas particularidades de la lista: familias de 5 a 9 integrantes y la defensa, en varios de los casos, por parte de Ivana Serrano que, según marcó Germán Ponce, sería la hermana de la concejal que llevó adelante el pedido de informes.

También dieron algunos detalles del origen de esas familias. En algunos casos, son ex ferroviarios y familias de éstos y, en otros, existe un vínculo de compra-venta —y, hasta en algunos de esos casos, estafas— con un tal "Celino Barroso", supuesto dueño de los lotes. 

"Los terrenos eran de 40 metros hacía adentro, por calle Europa. Había un vivero, creemos, porque nos mostraron unos papeles de poder de la escritura. Nosotros se lo compramos a Celino Barroso", detalló Norberto Gianni, uno de los damnificados. La transacción, hoy equivalente a unos 70 mil pesos, ocurrió en 2010. Barroso, en ese entonces, atendía un vivero en el lugar. "No volvió nunca más", remarcó. "Esas familias tienen papeles de que ante una deuda del ferrocarril para con ellos, se le otorgó ciertos títulos", afirmó  Gianni sobre sus otros vecinos. 

"Vamos a esperar que se acerque la Municipalidad, a ver qué propuesta tiene para nosotros. No voy a aceptar un terreno pelado, porque esos eran los comentarios. No tengo para edificar", agregó Andrea Cientofante, que vive junto a sus cinco hijos allí. El desalojo está en espera, aseguraron en el municipio, en búsqueda de soluciones, lo que tranquilizó —por ahora— a las familias del lugar que admitieron "tener miedo" ante el paso de las topadoras cuando echaron abajo la casa de Macario Romero.