Piden 10 años de prisión para cinco ex policías, por secuestro

El martes, los familiares de los cinco policías juzgados por hacer procedimientos supuestamente ilegales para apoderarse de un cargamento de droga robado y quedarse con él escuchaban con compostura el alegato de la fiscal federal de Cámara, Mónica Spagnuolo. Hasta que cerró su exposición con el pedido de que los acusados sean condenados a diez años de prisión: dos mujeres empezaron a llorar, seguramente porque las angustió la idea de que podrían ser declarados culpables y enviados a la cárcel.

Tras el alegato de la fiscal, expusieron los dos defensores de los imputados, quienes plantearon que no hay ninguna prueba para acusarlos y, en consecuencia, solicitaron que sean absueltos.

El Tribunal Oral Federal de San Luis dará su veredicto el viernes 26 de octubre.

Según la visión de la fiscal de Cámara, el entonces comisario Juan Carlos Acevedo, el oficial principal Pablo Acosta Colautti, el inspector Guillermo Damián Lemos, el oficial William Alberto Días y el auxiliar Silvio Guillermo Coria fueron coautores de tres delitos: secuestro coactivo, apremios ilegales y falsedad ideológica.

Los cinco sospechosos, que ahora son ex policías porque a raíz de esta imputación fueron cesanteados en la fuerza de seguridad, pertenecían a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II, de Villa Mercedes. Están investigados por los procedimientos que hicieron el 28 de enero de 2015, cuando interceptaron a tres jóvenes en la calle y le solicitaron al juez de instrucción Penal 2, Leandro Estrada, la autorización para allanar tres domicilios.

La justificación que esgrimieron –y esgrimen aún hoy– los acusados, para lograr la venia del magistrado para entrar a esos domicilios, es que un informante les había aportado el dato de que tres personas andaban ofreciendo a la venta objetos que podían ser parte del botín robado a una mujer identificada como Susana Gómez.

Más tarde se comprobaría que la denuncia de Gómez en la Comisaría 8ª era falsa, el robo no había existido.

Spagnuolo sostiene que los efectivos de la Brigada de Investigaciones sabían perfectamente que en los domicilios que allanaron no había objetos robados. De hecho, no hallaron ninguno. Sino que, lo que en realidad buscaban era la droga que, sabían, Franco Melitón Aguilar le había robado a un narco apodado “Manu”, de su casa del barrio La Ribera.

“No encuentro una fundamentación lógica” para los pedidos de allanamiento, sostuvo la fiscal de Cámara. “Aducen que les llegó la información por tareas de inteligencia. Y esto es grave, dicen que un informante les dijo que Aguilar andaba vendiendo objetos robados, pero no dicen a quién le dio el dato el informante. Y que los objetos estaban robados en los domicilios de Aguilar, Oviedo y Guilmart. Esto es totalmente falaz”, afirmó.

Franco Aguilar confesó que Cristian Gabriel Oviedo y Marcelo Ernesto Guilmart fueron sus cómplices en el robo de la droga. Ese hecho ocurrió un par de días antes de que Aguilar, Oviedo y otro joven, Diego Bracamonte, fueran demorados por averiguación de antecedentes por los hombres de la Brigada.

Más tarde, mientras los tres estaban privados de la libertad en la dependencia policial, se presentó Guilmart, amigo de ellos, al que un rato antes le habían allanado la casa. Según la acusación, él también fue presionado en forma ilegal para que confesara dónde tenía la parte de la droga que a él le había tocado en el reparto con Aguilar y Oviedo.

"Secuestraron a 3 personas"

“La Comisaría 8ª, que tenía la denuncia de Gómez, investigó, habló con los vecinos, pidió filmaciones de las cámaras de seguridad”, enumeró Spagnuolo, para contrastar esa actividad con la de los efectivos de Investigaciones, que, según su juicio, tenían el comentario de un datero como único fundamento para pedir las órdenes de allanamiento.

“No hay ningún tipo de justificación para sacar esa conclusión –que los objetos robados podían estar en esas tres viviendas–, sino que sabían que ahí estaba la droga porque le habían sacado esa información a Aguilar, y la fueron a buscar, también buscaban dinero”, alegó la fiscal.

Mencionó un dato que parece romper con la aparente coherencia de los argumentos de los policías investigados. Una de las casas que pidieron allanar fue la de Federico Matías Giménez, en el barrio Obras Sanitarias. Giménez era el novio de la hermana de Aguilar, Tania Tamara Aguilar. Pero “no era amigo del grupo” de Aguilar, Guilmart y Oviedo, de modo que “no hay justificación para que allanaran su casa” en busca de objetos robados, dijo Spaguolo.

La explicación que la fiscal encuentra a la inspección policial en lo de Giménez es que, en forma previa, gracias a coacciones, le habían arrancado a Franco Aguilar el dato de que su hermana había escondido allí parte del cargamento de cocaína, ácido lisérgico y marihuana.

“A Oviedo también lo amenazaron para que dijera dónde tenía otra parte de la droga. Fue secuestrado y coaccionado al mejor estilo de la dictadura militar”, sostuvo Spagnuolo. “Secuestraron a tres personas, por supuesto buscando la droga, en ningún momento fueron a buscar electrodomésticos robados”, agregó.

La fiscal de Cámara destacó que en el libro de guardia de la Brigada, el 28 de enero de 2015 sólo registraron la causa que le iniciaron a Franco Aguilar por la tenencia de un arma que hallaron cuando allanaron la quinta donde vivía, a la vera de la Autopista de las Serranías, en las afueras de Villa Mercedes. Pero no consignaron los otros procedimientos, a diferencia de otros casos en los que dejaban asentados todos los datos de los hechos que investigaban.

Ese libro fue secuestrado por la Policía Federal (PFA), un año y medio después, cuando allanaron la sede de la Brigada de Investigaciones, en el barrio 828 Viviendas, por orden del fiscal federal de instrucción, Cristian Rachid. Entonces también hallaron numerosas actas que los policías habían hecho firmar a los detenidos, en blanco. “Las actas en blanco son una forma de coaccionar, con procedimientos así los ciudadanos se hallan indefensos”, argumentó la fiscal de Cámara. Haberlas hecho firmar en esas condiciones “fue un procedimiento absolutamente arbitrario y encubridor de su actividad ilegal”, proclamó.