En una semana inicia el juicio por el asesinato de Brenda Arias

Es un debate esperado, aquél que conlleva la esperanza de que, a nueve años de su desaparición y asesinato, haya justicia por Brenda Jimena Arias, la joven de 19 años cuyos restos aparecieron calcinados a la vera de la ruta 1, en Villa del Carmen. Ayer, la presidenta de la Cámara del Crimen de Concarán, Sandra Piguillem, le confirmó a El Diario que está previsto que el juicio oral comience en una semana.

Será, entonces, el miércoles 31 de octubre cuando el único acusado, Juan José Murúa, se siente frente al tribunal que completan Juan Manuel Saá Zarandón y Sergio Darío De Battista. Intervendrá, además, como acusador, el fiscal de Cámara de Concarán, Néstor Zudaire.

En verdad, Murúa está en el Establecimiento Penitenciario 8 de Villa Dolores, preso por el intento de abuso a una menor en la localidad de Los Hornillos. Pero, además, las autoridades judiciales de la vecina provincia investigan su posible vinculación con la desaparición de otra joven de Traslasierra, Marisol Reartes, y su hija Luz Morena Oliva, de 3 años, de quienes nada se sabe desde febrero de 2014.

Murúa era el concubino de una amiga íntima de Brenda. En ese entonces, ellos vivían en Boca del Río, un paraje ubicado siete kilómetros al sur de Villa del Carmen. Actualmente no hay casas allí, sólo agua. Después del crimen, construyeron un dique.

La joven fue vista por última vez el sábado 11 de julio de 2009, cuando salió de su casa para encontrarse con esta pareja en un pub del pueblo. Pero ella nunca llegó. Alguien la encontró en el camino, antes de llegar al lugar de la reunión, el bar de "Coco" Torres, como se conoce en la localidad, y llevó engañada o quizás a la fuerza, y la atacó.

Los investigadores presumen que la intención de Murúa era acercarse a Brenda para tener un vínculo que fuera más allá de lo amistoso, que quería tener relaciones con ella. Suponen también que la chica no accedió, y que por eso, él la asesinó y después le prendió fuego al cadáver en un campo distante unos 800 metros al norte de la localidad.

Murúa está acusado de ser autor de "Homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego", refirió ayer Piguillem.

En una nota precedente, la abogada Laura Capobianco –quien representó hasta hace pocos días a la familia Arias junto a su colega, Alberto Mariani– había contado que "en el campo donde estaba el cuerpo encontraron restos metálicos, que pueden corresponder a un proyectil”. Y otra fuente del caso acotó que en la malla del reloj de la muchacha, que se recuperó en el campo donde estaba la osamenta, también había sangre.

En su oportunidad, la jueza que intervino en la instrucción de la causa, Patricia Besso, dijo que esta línea de investigación, que marcaba sospechas en torno Murúa, no era nueva, sino que la comisión policial la trabajaba "por lo menos desde 2012".

"Nosotros no estuvimos desde el comienzo. Hace un par de años que tomamos el caso, y buscamos darle impulso a la causa. Desde el primer momento, cuando vimos el expediente, advertimos que había elementos para investigar a Murúa. Por eso nos preguntábamos por qué esperaron tanto, por qué no llevaron adelante esa línea de investigación mucho antes", expresó ayer Capobianco, en un contacto telefónico con este medio.

La presidenta del tribunal refirió ayer que en la relación de causa (lista de los testigos) hay 62 personas, aunque es posible que, tras la apertura del debate, las partes acuerden oralizar o el desistir de algunos, por lo que no se los escucharía en el juicio. El papá y el hermano de Brenda, Miguel y Emanuel Arias, están en la lista, al igual que una gran cantidad de policías que participaron en algunas de las múltiples medidas realizadas, cuyos informes han sido incorporados en el voluminoso expediente, que tiene 14 cuerpos.

En él también hay dos pruebas que pueden considerarse de peso: la autopsia psicológica, realizada por especialistas de Córdoba, y el análisis del celular de Brenda, hecho por el Departamento Delitos Complejos del Poder Judicial, que sirvió para establecer desde qué lugares se hicieron las comunicaciones, si tenía señal o no en el lapso en el que presumen ocurrió el crimen.

“Desde el teléfono de Brenda se enviaron mensajes con la pretensión de hacerles creer a los parientes que estaba bien, en otro lugar, y que se había ido voluntariamente. No estaban escritos tal como Brenda lo hacía. Tenían errores de ortografía, y ése no era su léxico habitual”, había explicado Capobianco. Sospechan que el teléfono estuvo en poder del agresor, y que él envió deliberadamente esos mensajes, para despistar o tapar.

La jueza Piguillem contó que esta semana, familiares de Brenda estuvieron en la Cámara, para confirmar la fecha y horario del debate, ya que hay parientes que quieren viajar desde Buenos Aires, para participar.