La fiscalía argentina actuó una semana después de la denuncia publicada por el diario español El País, en el que daba cuenta que el subsecretario general de la Presidencia tenía 1,2 millones de dólares en una cuenta en la Banca Privada en Andorra.
La fiscal federal Alejandra Mángano imputó este lunes penalmente al ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien fuera denunciado por lavado de dinero y otros delitos al no declarar fondos que se le detectaron en una cuenta bancaria en Andorra de una empresa de la cual había sido director.
El requerimiento fue hecho ante el juez federal Claudio Bonadio, a partir de la denuncia que presentó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade a raíz de información publicada por la prensa internacional.
En el escrito se sugirieron algunas medidas de prueba, de carácter patrimonial y las declaraciones juradas que haya presentado el ex funcionario ante la Oficina Anticorrupción, que investiga su actuación.
La información inicial se ventiló el diario español El País, en el que se daba cuenta que Díaz Gilligan tenía unos 1,2 millones de dólares en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra, lo que motivó la renuncia del funcionario.
Según esa información, denunciada luego por Thailade, el entonces funcionario habría omitido declarar ese dinero.
La defensa pública de Díaz Gilligan fue que le hizo un favor a su amigo Francisco "Paco" Casal, representante uruguayo de jugadores de fútbol, que no podía tener a su nombre la empresa porque tenía problemas legales con el fisco.
"Francisco tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía", declaró tras el escándalo.
Thailade acusó que cuando tuvieron lugar los hechos Díaz Gilligan también omitió declarar la cuenta mientras se desempeñaba como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, en tiempos en que Mauricio Macri era jefe de Gobierno, por lo que lo denunció penalmente para que se lo investigue por los presuntos delitos de lavado de dinero y omisión maliciosa de bienes.
La sospecha entablada por la Fiscalía en su requerimiento es si el ex funcionario administró, disimuló y/o procuró que se insertara en el mercado dinero de origen ilícito, ello a través de las firmas "Line Action" y "Nashville North Inc", cuyo rubro es el de "transferencia de jugadores de fútbol".
"No podemos soslayar que en su defensa el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra. Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave", sostuvo Tailhade en la denuncia penal.
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