Diputados aprobó la emergencia en ciencia y el sector espera que el Senado no la frene
Con solo tres votos por encima del quórum, la Cámara baja dio media sanción a la ley que busca recomponer fondos y salarios del sistema científico, en su peor crisis presupuestaria en veinte años.
En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la emergencia en ciencia, tecnología e innovación, un proyecto que apunta a recomponer los fondos y salarios del sistema científico nacional tras un año de recortes históricos. La votación alcanzó 132 votos afirmativos, apenas tres más de los necesarios para garantizar el quórum, y reunió apoyos de bloques opositores y provinciales.
La iniciativa declara la emergencia del sector y ordena la adecuación de las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento de los organismos científicos, con el objetivo de recuperar la distribución federal. También incluye dos artículos clave: la actualización salarial del personal según la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y la declaración como bienes públicos estratégicos de los sectores nuclear, aeroespacial, de telecomunicaciones e industria para la defensa, evitando así privatizaciones sin aval del Congreso.
El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado, donde la oposición cuenta con una posición más sólida. Si logra la sanción definitiva antes de las elecciones del 26 de octubre, podría enfrentar el veto presidencial, como ocurrió con la emergencia en discapacidad, aún sin aplicación efectiva.
El debate se da en paralelo a la discusión del Presupuesto 2026, que plantea derogar artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y reduce la inversión del área al 0,16% del PBI, el piso más bajo en dos décadas. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), el sector perdió más de 4.000 empleos y 1.200 investigadores aún esperan su incorporación al CONICET.
Organismos como la CNEA, el INTI, el INTA y la CONAE sufren caídas presupuestarias superiores al 40%, mientras que las becas y fondos de investigación se desplomaron más del 35% en términos reales. La emergencia, aprobada entre la fatiga y la esperanza, busca evitar que la ciencia argentina siga apagándose en silencio.


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