Pidieron inspeccionar la habilitación de una "saladita"

La polémica por el funcionamiento "irregular" de al menos cinco "saladitas" en el centro puntano, sumó un nuevo capítulo. El titular del Juzgado de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari, dijo que ordenó a la Comuna de San Luis realizar una "inspección en el local comercial rubro venta de indumentaria, ubicado en la calle San Martín entre 557 y 565 denominado 'Sasha', propiedad de Red Service", para constatar si posee certificado de habilitación municipal actualizada, ya que el permiso provisorio con el que contaba fue emitido en noviembre, con vigencia por un mes. "De no poseer, proceda a la clausura", según señala el oficio que giró a primera hora de ayer al Ejecutivo de la ciudad.

"Pueden tener autorización provisoria pero no durar para siempre, es un defecto de primera hora de la Municipalidad de San Luis, que los comerciantes inician el trámite para habilitar pero tampoco lo desestiman cuando no lo concluyen. Eso pasa con muchos negocios, no es algo nuevo sino que salió a la luz porque pusieron la lupa sobre las 'saladitas'", aseguró Ferrari

Además, los comerciantes "autoconvocados" que denunciaron la "ilegalidad" de las "saladitas", anunciaron que le darán un plazo de dos días al Municipio para que clausure esos comercios de venta de ropa o denunciarán a los responsables del Ejecutivo de la ciudad que dieron el aval para que abran al público -según afirman- con irregularidades comprobadas.

Así lo advirtió el abogado patrocinador de los "autoconvocados", Guillermo Strazza, quien sostuvo que reunieron más indicios que prueban que los negocios a los que denuncian, efectivamente son "ilegales".

"Al menos tres de las cinco 'saladitas' que detectamos ya tendrían que estar clausuradas hace tiempo por la Municipalidad, que es el ente responsable de realizar esos controles. Después de la reunión que tuvimos con los directivos de la AFIP, decidimos con los comerciantes que si no lo hacen en las próximas 48 horas vamos a radicar la denuncia penal contra el Intendente (Enrique Ponce), el secretario de Gobierno (Francisco Petrino), el secretario de Hacienda (Esteban Pringles) y contra quien esté al frente de Comercio (actualmente a cargo de Emiliano Fernández, tras la renuncia de Marcelo Rosales, a los pocos días de estallar la polémica)", aseguró Strazza, quien agregó que las presentaciones serían en la Justicia provincial.

La decisión de Ferrari de intervenir en el conflicto, fue tras conocer por los medios de comunicación que la Comuna había señalado al organismo que preside, como el responsable de chequear las habilitaciones comerciales de la ciudad.

"No sólo es una barbaridad sino que fue con mala intención esa afirmación teniendo en cuenta que salió de un funcionario público. No es nuestra tarea, para eso existe un procedimiento contemplado en la Ordenanza  Nº 1789/86 que es de Procedimiento Administrativo Municipal. No soy competente para esa función pero sí para requerir o no si tienen la autorización para abrir", sostuvo Ferrari.

La sospecha que había caído sobre el magistrado, se agudizó luego de que Strazza constatara que, a fines de noviembre del año pasado, la Comuna había ordenado la clausura de una de las "saladitas" cuestionadas que funciona sobre San Martín (a pocos metros del edificio Municipal) y rehabilitada pocas horas después por orden del Juzgado de Faltas.

"El levantamiento de la medida obedeció a que presentaron la constancia del trámite para la habilitación definitiva, como lo hacemos con cualquier negocio que acredite esa documentación, no fue una acción deliberada", se defendió Ferrari.

El patrocinador de los "autoconvocados" confirmó que incorporaron a las denuncias formales a dos negocios más que funcionan sobre la calle Junín, entre Rivadavia y General Paz: "Desiré" y "Todo Oferta". Los tres restantes que ya estaban localizados son dos que pertenecen a Red Service SA (sobre San Martín y Chacabuco) y "La Saladita" (ubicado sobre Pringles).

"Está claro que viven haciendo un negocio de las habilitaciones comerciales", dijo Strazza.