Clausuraron una "saladita" que abrió 10 meses sin habilitación

Clausuraron una de las ferias de ropa denominadas "saladitas", que funcionó casi un año sin la habilitación que otorga la Municipalidad de San Luis. Los inspectores de la Comuna clausuraron uno de esos negocios, ubicado en la calle San Martín, entre Ayacucho y Belgrano, después de diez meses de que sus propietarios nunca presentaran la autorización definitiva exigida a la actividad comercial. Con esa medida, ahora son cuatro los comercios de ese tipo, cuestionados de ilegítimos, que están abiertos al público. 

Así lo confirmó el juez de faltas municipal, Alejandro Ferrari, quien dijo que el local "Sasha" fue cerrado preventivamente el jueves, luego de al menos tres órdenes emitidas por el organismo que preside. Inclusive, ante uno de esos pedidos realizados en mayo, los inspectores municipales informaron que no pudieron proceder por la resistencia que opuso uno de los presuntos dueños.

"El negocio estaba intimado para que presente la habilitación definitiva pero nunca cumplió. En los primeros días del mes pasado se le reiteró la solicitud y tampoco lo hicieron, ordenamos nuevamente la clausura pero el Municipio argumentó que habían cambiado la razón social.

Después se le volvió a dar un nuevo plazo, tampoco cumplieron y ayer (por el jueves) los clausuraron", explicó Ferrari, quien agregó que no levantará la medida hasta que los titulares de "Sasha" entreguen la documentación definitiva.

En total, los comerciantes autoconvocados representados legalmente por Guillermo Strazza, denunciaron que en la capital puntana funcionan al menos cinco "saladitas", donde el precio de la ropa es hasta la mitad más barato que en los negocios tradicionales. Según los denunciantes, ese valor no llega ni siquiera a cubrir el precio de costo de las prendas.
 

 

El abogado de los comerciantes autoconvocados que denunció a cinco "saladitas", Guillermo Strazza, dijo que pese a la restricción dictada por el Juzgado de Faltas, el negocio que está en pleno microcentro puntano continuó abierto al público, con el consentimiento de la gestión municipal de Enrique Ponce.

A fines de junio, Strazza tuvo acceso a la Banca del Vecino en el Concejo Deliberante, donde expuso ésas y otras irregularidades ante los ediles de la ciudad. En esa ocasión, solicitó la instrucción del sumario para que se averigüe qué inspectores habían intervenido en el "intento fallido"  de clausura al comercio de la calle San Martín, para que el cuerpo deliberativo aplique las sanciones correspondientes.

"También pedí la aplicación de la normativa, Artículo 17, Inciso B, que es la derogación y clausura definitiva de ese negocio porque está todo fuera de la ley, pero le continúan dando cierre preventivo pese a que la documentación que entregan es siempre incompleta. Las irregularidades son manifiestas y siguen operando", sostuvo Strazza, consultado por El Diario de la República.

Según confirmó el juez de Faltas, el local comercial que hasta ayer continuaba con la faja de clausura colocada, estuvo activo ininterrumpidamente de octubre o noviembre del año pasado hasta el jueves. 
"Hoy (por ayer) uno de los dueños volvió a presentarse con los mismos papeles provisorios, por lo que la clausura no fue levantada", indicó Ferrari.

Además de "Sasha", los comerciantes autoconvocados habían apuntado contra otras cuatro "saladitas". Dos funcionan sobre la calle Junín, mientras que las otras dos restantes, lo hacen sobre Pringles y en Chacabuco. Esa última, hasta hace junio figuraba también a nombre de Red Service SA, la misma firma a cargo del negocio de San Martín.

En su último descargo al Juzgado, el Municipio argumentó que, una vez más, no había concretado el cierre ordenado por el Tribunal de Faltas porque el comercio había cambiado de razón social.

Al margen de la ley
Strazza insistió en que el funcionamiento de las "saladitas" en la capital puntana no es la excepción, sino que es el reflejo de la situación del sector en general. Dijo que, según datos de la Cámara de Comercio de San Luis, el 60 por ciento de los locales funcionan con irregularidades. 

"Sabemos que es sistemático y que existe una recaudación ilegítima de los inspectores en los comercios, a los que semanalmente le exigen un  pago para que no los clausuren. Son unos 1.200 negocios en esa situación", afirmó.