Pretendían llevar droga a Chile; están a un paso del juicio oral

En setiembre de 2013, una psicóloga que entrevistó a Sergio Darío Nuarte Morales lo describió como una persona “con proyectos laborales y personales para contribuir en el sostén económico y familiar”. Valiéndose de ese y otros conceptos, el Tribunal Oral Federal de San Luis le otorgó la libertad asistida en febrero de 2015, seis meses antes de que cumpliera la condena por almacenar siete kilos de cocaína en su casa de Juana Koslay. Y retomó sus proyectos, sí, pero ilícitos, porque en febrero del año pasado volvió a caer con un cargamento de droga, esta vez, nada más y nada menos que con 2.664 kilos de marihuana, un secuestro histórico para una investigación iniciada en San Luis. "Checho", como lo apodan, está ahora a un paso del juicio oral por esa causa, en la que lo acusan de ser el líder de una organización narco que pretendía llevar la droga desde Paraguay a Chile.

El fiscal federal de instrucción de San Luis, Cristian Rachid, que estuvo a la cabeza de la investigación por el cargamento paraguayo, le comentó a El Diario que más importante que tener “detenidos e imputados lo fue el secuestro de 12 vehículos, varios de ellos de alta gama, y de cuatro inmuebles, todos obtenidos con la ganancia ilícita". "Logramos entonces no solo encerrarlos y pedir pena sino que también los privamos de los bienes obtenidos para que no vuelvan a reinvertir en un negocio de éste o de cualquier tipo”, afirmó.

El caso tiene cuatro implicados: Nuarte Morales, imputado por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada, en calidad de organizador; Jaime Estanislao Núñez y el camionero Oscar Alfredo Zanón, imputados por la misma figura en calidad de coautores; y Néstor Javier Zanón, hijo del transportista, acusado de ser partícipe secundario.

Los cuatro detenidos fueron notificados del procesamiento en marzo de 2017, y, como previó Rachid en ese momento, la medida fue apelada por los abogados Aldo Giuliani, defensor de Nuarte Morales, Marcos Juárez, que asiste a Núñez, y Juan Jorge Coria, que fue el abogado inicial de los Zanón, pero fue reemplazado por Darío Alonso y la ex fiscal federal Olga Rosa del Milagro Allende, primero, y por el abogado Jorge Sosa, después.

"Los defensores consideramos que la calificación por la que la Fiscalía los lleva a juicio no está acreditada, porque no está acreditada la autoría de algunas de las personas detenidas junto a Nuarte. Tampoco la de él", sostuvo Giuliani, consultado por El Diario.

"La detención del señor Zanón con marihuana es algo real, sí, pero el cuestionamiento central que hace la defensa es éste: si supuestamente una brigada de la (Policía) Federal de San Luis siguió a Nuarte y toda esta gente hasta Formosa, donde supuestamente se adquirió la droga, ¿cómo es posible que no haya ningún tipo de escucha o vistas fotográficas de ese momento? Si se supone que ellos ya venían investigando y lograron interceptar el camión porque hubo un seguimiento", cuestionó.

"A Nuarte nunca le encontraron droga. A él lo interceptaron media hora o cuarenta minutos antes que al camión y no hay ninguna escucha u otra circunstancia que lo ligue con la gente de Mercedes", aseveró, aunque Rachid sostenga lo opuesto.

"La prueba fundamental fueron las escuchas que se hicieron desde cuatro a cinco meses antes de interceptar el cargamento. Hay conversaciones entre Nuarte y Zanón, para arreglar el transporte de la droga, y entre Nuarte y Núñez para la adquisición de la droga en Paraguay", explicó el fiscal.

Un no permanente

El actual abogado de los Zanón coincide con Giuliani. "No existió una organización y la apelación se basó en desvincularlos a todos de la existencia de esa presunta organización. Se solicitó un cambio de calificación y no le hicieron lugar. Se apeló esa decisión y tampoco le hicieron lugar, así que la causa fue elevada a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza", afirmó Sosa. "Eso fue hace poco más de un mes, y en este momento el tribunal le ha corrido vista al fiscal de Cámara de Mendoza para que emita su dictamen. De acuerdo con el Código  de Procedimientos nos tienen que fijar una fecha para nosotros (los defensores) fundar esa apelación ante los magistrados y el fiscal", algo que quizá  podría concretarse esta semana, confió.

"Creemos que los argumentos que tenemos para pedir el cambio de calificación son atendibles", sumó Giuliani. "Lamentablemente en esta causa, en San Luis, encontramos un no permanente a todo, a punto tal que la instrucción, o en este caso la fiscalía, que en cualquier causa tiene que producir toda la prueba por la que la causa va a llegar a juicio, no proveyó nada. Fue un no permanente, rotundo. Postergaron todo a la instancia del debate. Hubo mucha desidia por parte de la fiscalía. La única prueba que se produjo fue en San Francisco, Córdoba, con los supuestos testigos del procedimiento cuando pararon al camión y a Nuarte. Yo fui el único defensor que concurrí y me impidieron hacer preguntas, lo que es una locura y una violación del derecho de defensa. Esperemos que la Cámara de Mendoza vea todo eso", afirmó el abogado.

Al menos hay un punto en el que los letrados y el fiscal Federal de San Luis coinciden. "Si la Cámara no se toma plazos excepcionales, estoy seguro de que el debate oral va a celebrarse este año”, confió Rachid.

En caso de que el tribunal mendocino haga lugar al pedido de cambio de calificación, los acusados, en vez de ser juzgados por un delito que tiene una pena que va de 6 a 20 años de prisión –por el agravante de haber actuado como una organización–, enfrentarán una acusación por delitos castigados con prisión de 4 a 15 años.