Aborto legal: la pugna por los indecisos define una ley clave

Aspirad, pues, a desarrollar, en lo posible, no un sólo aspecto, sino la plenitud de vuestro ser" escribió Leopoldo Lugones, el escritor por el cual se conmemora en la Argentina el Día del Escritor, un 13 de junio. El pedido que hace Lugones para desarrollar el "todo" y no la "parte" suene quizás a una guía para legislar por el bien común y no por el propio cuando el 13 de junio, el Día del Escritor, en la Cámara de Diputados, el sector de legisladores que sume 129 adhesiones de los 257 votantes habilitados, determine si el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo dé un paso más y sea tratado en Senadores para convertirse en ley o se transforme en el recuerdo de un debate álgido que terminó engordando expedientes y archivos del Poder Legislativo.

Según los últimos sondeos que se realizaron y que toman como núcleo las declaraciones que efectuaron los diputados (que fueron publicadas o no), 114 legisladores están a favor y 108 en contra, mientras que 35 no manifestaron su posición y serán quienes inclinarán la balanza en el plenario final.

El primer paso se dio con la presentación del proyecto que fue debatido en un plenario de comisiones de la Cámara baja tras concluir con una etapa de audiencias, en la que expusieron más de 700 personas. 

Las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Familia son las encargadas de realizar el dictamen final.

De acuerdo al cronograma diseñado por las autoridades los diputados discutirán el proyecto que propone la despenalización del aborto en dos jornadas de tratamiento y buscarán emitir dictamen el martes 12 de junio, para poder debatirlo en el recinto de la Cámara baja un día después.

Los diputados que promueven la despenalización del aborto difundieron en el plenario de comisiones un borrador del dictamen que se emitirá la semana que viene, que incorpora la objeción de conciencia sólo para los médicos, obliga a los hospitales, prepagas y obras sociales a realizar esta práctica médica, y reforma el artículo que permitía a los adolescentes realizar la interrupción del embarazo sin la autorización de un adulto.

Los principales puntos del dictamen provisorio fija que "la ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta la semana 14" y "se incorpora la objeción de conciencia para aquellos profesionales que lo manifiesten previamente a incorporarse a la institución médica, en tanto que esta concesión no podrá ser ejercida por la entidad sanitaria".

Establece que "cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción".

El dictamen fija que cumplido el plazo de 14 semanas sólo podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que el mismo fuera producto de violación, con el solo requerimiento de la declaración jurada de la mujer; si hay riesgo la vida o la salud la mujer o persona gestante; si se diagnostica la inviabilidad de vida extrauterina del feto y que previa a la realización de la interrupción del embarazo se requerirá el consentimiento escrito.

También establece que el caso de las adolescentes menores a 16 años se aplicará lo establecido en el artículo 26 del Código Civil, que habilita sólo a realizar sin el acompañamiento de un adulto tratamiento "no invasivos" y que "se podrá acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento".

Se fija que el establecimiento de salud deberá garantizar a las mujeres información adecuada y atención previo a la interrupción de la gestión de carácter médico, social y psicológica y que la práctica médica del aborto se deberá realizar en los hospitales públicos, las obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y de la Justicia, el PAMI y las prepagas.

Especifica que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población.

Además se buscará crear un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo y deja en claro que en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer.

El dictamen sustituye el artículo 85 del Código Penal para que sólo se puedan aplicar penas de prisión de 3 a 10 años al que practique un aborto sin el consentimiento de la mujer. La pena se eleva a 15 años si ocurre su fallecimiento.

También expresa que se aplicará con prisión de seis a dos años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional que dilate u obstaculice un aborto legalmente autorizado.

Los argumentos
Entre algunos de los fundamentos del proyecto se toman datos del  2015 y se expone que el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos". 

Entre los argumentos que dan las personas que piden por el aborto legal "según datos de estadísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la Nación sobre el sistema público de salud, en 2011 se registraron en el país 47.879 egresos hospitalarios por abortos, de los cuales el 19 por ciento correspondió a mujeres menores de 20 años. En 2012 murieron en nuestro país 33 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. Dos de ellas eran adolescentes menores de 20 años y 7 jóvenes de entre 20 y 24 años”. 

Además tomaron datos del Ministerio de Salud de la Nación que especificó que en 2013, el 50 por ciento de las muertes por embarazo terminado en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años, entre ellas nueve adolescentes de 15 a 19 años. 

"Las inequidades en el acceso a servicios, en la disponibilidad de recursos humanos y físicos adecuados y en la calidad de la atención sanitaria, impactan de diferente forma sobre las razones de la mortalidad materna y generan un riesgo desproporcionado para las mujeres que viven en las jurisdicciones más pobres del país”, afirma una apartado del proyecto.

En frente están las personas que integran el grupo "Provida" que adhieren a la hipótesis de que esas cifras no son reales y justifican que si hubieran 500 mil abortos y se producen 700 mil nacimientos al año, ocurriría un aborto por cada 1,5 nacidos vivos (3 nacimientos, 2 abortos, lo cual no ocurre ni a simple observación. "Si fuera cierto seríamos el país con más abortos del mundo, superior a Rumania. En Uruguay los sectores abortistas afirmaban que habían 150 mil abortos. Después de la legalización hubo 6.600, el 4,4 por ciento de lo que se decía. Está demostrado que ésta sobreestimación se da en toda Latinoamérica por la metodología falaz que se usaba", aseguran.

Además argumentan (puede verse los artículos en la página web de la organización) que en los años subsiguientes a la legalización, se incrementa significativamente la cantidad de abortos voluntarios. "En Estados Unidos, los abortos por año aumentaron de 193.491 en 1970 a 1.034.170 en 1975. En el Uruguay, en sólo cuatro años la cantidad de abortos aumentó un 35,5 por ciento. En España, el número de abortos por año creció casi un 500 por ciento entre 1985 y 2013", sostienen.

Aseguran que "luego de la legalización, disminuyen las tasas de fecundidad y natalidad" y que "detrás de la discusión por legalizar el aborto hay intereses de poderosos grupos económicos internacionales que buscan no sólo acumular riqueza en pocas manos, sino también controlar el crecimiento poblacional".

Los diputados de San Luis

Victoria Rosso
"Voy a votar de forma negativa porque reafirmo mis convicciones con la vida. Es el valor supremo y condición necesaria para la dignidad del ser humano. Debemos ser responsables como legisladores por la consecuencias que implican avalar la interrupción de la vida desde el seno materno", señaló.  

José Riccardo
Es uno de los indecisos. "No estoy convencido que la solución al tema de fondo sea el aborto libre. Creo en la educación, porque es transformadora. Se ha puesto sobre la mesa de discusión, la importancia de la Educación Sexual Integral para la prevención de embarazos no deseados. Sin embargo la mujer siempre termina siendo una víctima, debiera ser considerada una víctima de aquellos que practican ilegalmente el aborto por un interés económico", expresó.

Karim Alume
"Votaré en contra y personalmente creo que tendría que ser despenalizado, es decir reglamentar correctamente los casos que ha establecido la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia", afirmó.

Ivana Bianchi
"Voy a votar en contra porque para mí la vida comienza desde la concepción como lo ha dicho la Academia de Medicina y muchos biólogos. Sí creo que hay que atender a las tres causales que establece el Código Penal pero no estoy de acuerdo en legalizar su práctica en general", detalló.

Andrés Vallone
"El Diputado por San Luis dijo que aún se encontraba indeciso respecto de que posición tomaría a la hora de votar el proyecto de ley.