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El autocultivo gana terreno caso a caso en la Argentina

En el país se multiplican casos en que la Justicia autoriza el cultivo casero. Mariano Fusero, abogado especializado, defiende la práctica.

En los últimos años se dio una seguidilla de autorizaciones judiciales en distintas provincias, que permitieron a los pacientes que cultiven sus propias plantas de marihuana para tratar sus padecimientos. Aunque no está autorizada en la ley medicinal, la práctica ha encontrado su espacio en el país por casos como el de Alejandro Cibotti, que fue autorizado a tener plantas por los fuertes dolores derivados por las complicaciones que le ocasionó su cuadro de VIH, en 2015 en Buenos Aires.

Pero no fue el único. Ese mismo año hubo un caso insólito: un jubilado metalúrgico, de 71 años, fue procesado por tener 5 plantas de marihuana. Allí intervino Pensamiento Penal, una organización que aboga por derechos humanos en el país. Uno de sus especialistas es Mariano Fusero, que recordó el caso para El Diario. "Era un jubilado de la industria siderúrgica, tenía dolores propios de la actividad y cultivaba cannabis apoyado en su hija, y le venía muy bien para sus dolencias. Recibió un allanamiento, un procesamiento durante casi dos años. Venimos de diversos organismos de derechos humanos y recién con nuestra presencia y esa lupa mediática, se lo absolvió", detalló.

Casos más recientes se dieron en Salta y Viedma. En la ciudad norteña, un juez federal autorizó en marzo de este año a una madre a tener 12 plantas de cannabis para tratar a su hijo de seis años, que sufre neurofibromatosis. Y en la capital rionegrina, unos padres de San Antonio Oeste juntaron 7 mil firmas que adjuntó a un recurso de amparo con el fin de que la Justicia Federal los autorice a cultivar cannabis para su hijo de 7 años, que sufre de Síndrome de Tourette.

Para Fusero los jueces federales se manejan con "arbitrariedad y discrecionalidad" tanto para autorizar como para penalizar el autocultivo. 
"Para que te des una idea, a una persona imputada por autocultivo le puede corresponder una pena de un mes a dos años de prisión. Si esa persona no puede eventualmente comprobar que es para uso personal o que se lo está dando a un familiar, puede ser imputado a una pena de prisión de 4 a 15.  Esos 15 años, es el máximo legal establecido para el delito de violación. Y es una madre que le está dando cannabis a su hijo. Esa desproporción punitiva es lo que está en debate", detalló.

"No hay una respuesta unívoca. Tenemos un comportamiento de la Justicia en la que creo que vamos a tener cantidad de casos, de autorizaciones de las más diversas. Así como hay una discrecionalidad y arbitrariedad para penalizar a las personas hay que ver también esas mismas cualidades en la Justicia como para autorizar  el cultivo de 10 plantas o 50", respondió.

El especialista considera que debería darse una salida al autocultivo legal regulado. "La solución es crear una normativa que reglamente todas las vías de acceso de las sustancias para que las personas sean respetadas en su derecho a la salud y no sean amenazadas por el sistema penal. Y por otro lado el Estado debería prestar atención a que  todas estas personas no van a dejar de cometer una conducta personal por la salud de sus hijos o personal. Si uno criminaliza esta actividad, si estas personas son vistas como delincuentes, nunca se van a poder acercar al Gobierno, para que este los asesore", concluyó. 
 

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El autocultivo gana terreno caso a caso en la Argentina

En el país se multiplican casos en que la Justicia autoriza el cultivo casero. Mariano Fusero, abogado especializado, defiende la práctica.

Fusero visitó la provincia el año pasado para disertar sobre la legislación vigente. 

En los últimos años se dio una seguidilla de autorizaciones judiciales en distintas provincias, que permitieron a los pacientes que cultiven sus propias plantas de marihuana para tratar sus padecimientos. Aunque no está autorizada en la ley medicinal, la práctica ha encontrado su espacio en el país por casos como el de Alejandro Cibotti, que fue autorizado a tener plantas por los fuertes dolores derivados por las complicaciones que le ocasionó su cuadro de VIH, en 2015 en Buenos Aires.

Pero no fue el único. Ese mismo año hubo un caso insólito: un jubilado metalúrgico, de 71 años, fue procesado por tener 5 plantas de marihuana. Allí intervino Pensamiento Penal, una organización que aboga por derechos humanos en el país. Uno de sus especialistas es Mariano Fusero, que recordó el caso para El Diario. "Era un jubilado de la industria siderúrgica, tenía dolores propios de la actividad y cultivaba cannabis apoyado en su hija, y le venía muy bien para sus dolencias. Recibió un allanamiento, un procesamiento durante casi dos años. Venimos de diversos organismos de derechos humanos y recién con nuestra presencia y esa lupa mediática, se lo absolvió", detalló.

Casos más recientes se dieron en Salta y Viedma. En la ciudad norteña, un juez federal autorizó en marzo de este año a una madre a tener 12 plantas de cannabis para tratar a su hijo de seis años, que sufre neurofibromatosis. Y en la capital rionegrina, unos padres de San Antonio Oeste juntaron 7 mil firmas que adjuntó a un recurso de amparo con el fin de que la Justicia Federal los autorice a cultivar cannabis para su hijo de 7 años, que sufre de Síndrome de Tourette.

Para Fusero los jueces federales se manejan con "arbitrariedad y discrecionalidad" tanto para autorizar como para penalizar el autocultivo. 
"Para que te des una idea, a una persona imputada por autocultivo le puede corresponder una pena de un mes a dos años de prisión. Si esa persona no puede eventualmente comprobar que es para uso personal o que se lo está dando a un familiar, puede ser imputado a una pena de prisión de 4 a 15.  Esos 15 años, es el máximo legal establecido para el delito de violación. Y es una madre que le está dando cannabis a su hijo. Esa desproporción punitiva es lo que está en debate", detalló.

"No hay una respuesta unívoca. Tenemos un comportamiento de la Justicia en la que creo que vamos a tener cantidad de casos, de autorizaciones de las más diversas. Así como hay una discrecionalidad y arbitrariedad para penalizar a las personas hay que ver también esas mismas cualidades en la Justicia como para autorizar  el cultivo de 10 plantas o 50", respondió.

El especialista considera que debería darse una salida al autocultivo legal regulado. "La solución es crear una normativa que reglamente todas las vías de acceso de las sustancias para que las personas sean respetadas en su derecho a la salud y no sean amenazadas por el sistema penal. Y por otro lado el Estado debería prestar atención a que  todas estas personas no van a dejar de cometer una conducta personal por la salud de sus hijos o personal. Si uno criminaliza esta actividad, si estas personas son vistas como delincuentes, nunca se van a poder acercar al Gobierno, para que este los asesore", concluyó. 
 

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