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Transparencia para alcanzar la paz

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Transparencia para alcanzar la paz

Durante cincuenta años, sucesivos gobiernos de Colombia no lograron convivir con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero —que como tantos— eligió el camino de las armas para expresar sus disidencias ideológicas.

En ese tiempo transcurrido, hubo millones de muertos, heridas enormes para el país, y familias —hasta el día de hoy— devastadas por el dolor. La violencia de las armas trazó un largo sendero de plomo, impotencia, angustia, lágrimas y sangre.

Luego de arrojada la primera piedra, las respuestas fueron piedras; entonces, unos y otros se perdieron en el odio fanático de los que prefieren la muerte del que piensa distinto, antes que ceder un milímetro. A todos les sobraban argumentos para no ceder. El resultado fue lógico: millones de colombianos se destrozaron entre sí, durante medio siglo.

En esas cinco décadas, Colombia sufrió un conflicto armado, enfrentado a guerrillas paramilitares, agentes estatales y narcos. El saldo estremece: ocho millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Quizás el dolor lo sobrepasó todo, o el cansancio, hasta que por fin —un día de noviembre de 2016— firmaron un histórico acuerdo de paz. Con las armas guardadas, nació el alivio; pero había que construir la confianza, poner mucha voluntad, mucho amor y tomar  decisiones importantes para que la paz firmada en los papeles llegara a las calles.

Nadie dijo que sería fácil. De hecho, no lo es. Dos años después, la transparencia que necesita la paz para volverse fuerte aún choca con las divisiones de antaño. Tiene lógica. Dos años es poco tiempo para que sanen las heridas abiertas durante cincuenta años.

Pero las muertes continúan. Entonces, lamentablemente hay que admitir que aún existen colombianos (unos y otros) que apuestan a que la paz fracase. Y lo que es más dramático aún: dispuestos a matar a otros colombianos.

La Organización de las Naciones Unidas observa el proceso desde que el acuerdo fue concreto. Por ello, hace unos días, la ONU presentó un informe preocupante, en el que asegura que 85 miembros de las FARC fueron asesinados desde que la disuelta guerrilla firmó el fin del conflicto armado.

Entre el 26 de setiembre y el 26 de diciembre, “se produjeron 14 asesinatos de ex miembros de las FARC, lo que eleva su número a 85 desde la firma del acuerdo”, indicó el secretario general del organismo, Antonio Guterres, en su informe trimestral sobre la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Según la estatal Unidad Especial de Investigación, citada por la ONU, los responsables de los ataques “son grupos armados ilegales y organizaciones delictivas”.

En buena parte, los casos están vinculados el "Clan del Golfo", la mayor banda narco del país, surgida de paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006; la guerrilla del ELN; disidentes de las FARC y remanentes del extinto Ejército Popular de Liberación (EPL, maoísta) que se dedican al narcotráfico.

La ONU pidió al gobierno del derechista Iván Duque, crítico del acuerdo, “reforzar los esquemas y estrategias de seguridad para los ex combatientes”. En el reporte, en tanto, Guterres se mostró “enormemente” preocupado por el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

Desde el acuerdo de paz, se verificaron 163 homicidios de 454 casos reportados, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). “La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en zonas abandonadas por las antiguas FARC y donde la presencia del Estado es limitada”, dice el documento.

Transformada en partido político, tras suscribir el histórico pacto con el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, las FARC denunciaron reiteradamente la falta de garantías y seguridad para sus integrantes.

Unos y otros necesitan transparencia. Transparencia para alcanzar la paz.

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Transparencia para alcanzar la paz

Durante cincuenta años, sucesivos gobiernos de Colombia no lograron convivir con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero —que como tantos— eligió el camino de las armas para expresar sus disidencias ideológicas.

En ese tiempo transcurrido, hubo millones de muertos, heridas enormes para el país, y familias —hasta el día de hoy— devastadas por el dolor. La violencia de las armas trazó un largo sendero de plomo, impotencia, angustia, lágrimas y sangre.

Luego de arrojada la primera piedra, las respuestas fueron piedras; entonces, unos y otros se perdieron en el odio fanático de los que prefieren la muerte del que piensa distinto, antes que ceder un milímetro. A todos les sobraban argumentos para no ceder. El resultado fue lógico: millones de colombianos se destrozaron entre sí, durante medio siglo.

En esas cinco décadas, Colombia sufrió un conflicto armado, enfrentado a guerrillas paramilitares, agentes estatales y narcos. El saldo estremece: ocho millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Quizás el dolor lo sobrepasó todo, o el cansancio, hasta que por fin —un día de noviembre de 2016— firmaron un histórico acuerdo de paz. Con las armas guardadas, nació el alivio; pero había que construir la confianza, poner mucha voluntad, mucho amor y tomar  decisiones importantes para que la paz firmada en los papeles llegara a las calles.

Nadie dijo que sería fácil. De hecho, no lo es. Dos años después, la transparencia que necesita la paz para volverse fuerte aún choca con las divisiones de antaño. Tiene lógica. Dos años es poco tiempo para que sanen las heridas abiertas durante cincuenta años.

Pero las muertes continúan. Entonces, lamentablemente hay que admitir que aún existen colombianos (unos y otros) que apuestan a que la paz fracase. Y lo que es más dramático aún: dispuestos a matar a otros colombianos.

La Organización de las Naciones Unidas observa el proceso desde que el acuerdo fue concreto. Por ello, hace unos días, la ONU presentó un informe preocupante, en el que asegura que 85 miembros de las FARC fueron asesinados desde que la disuelta guerrilla firmó el fin del conflicto armado.

Entre el 26 de setiembre y el 26 de diciembre, “se produjeron 14 asesinatos de ex miembros de las FARC, lo que eleva su número a 85 desde la firma del acuerdo”, indicó el secretario general del organismo, Antonio Guterres, en su informe trimestral sobre la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Según la estatal Unidad Especial de Investigación, citada por la ONU, los responsables de los ataques “son grupos armados ilegales y organizaciones delictivas”.

En buena parte, los casos están vinculados el "Clan del Golfo", la mayor banda narco del país, surgida de paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006; la guerrilla del ELN; disidentes de las FARC y remanentes del extinto Ejército Popular de Liberación (EPL, maoísta) que se dedican al narcotráfico.

La ONU pidió al gobierno del derechista Iván Duque, crítico del acuerdo, “reforzar los esquemas y estrategias de seguridad para los ex combatientes”. En el reporte, en tanto, Guterres se mostró “enormemente” preocupado por el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

Desde el acuerdo de paz, se verificaron 163 homicidios de 454 casos reportados, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). “La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en zonas abandonadas por las antiguas FARC y donde la presencia del Estado es limitada”, dice el documento.

Transformada en partido político, tras suscribir el histórico pacto con el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, las FARC denunciaron reiteradamente la falta de garantías y seguridad para sus integrantes.

Unos y otros necesitan transparencia. Transparencia para alcanzar la paz.

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