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Indagaron a dos detenidos que incumplieron el aislamiento obligatorio

Tienen 22 y 23 años y violaron la cuarentena para tirar basura en un camino vecinal. La fiscalía de Estado pidió que les apliquen un embargo por 500 mil pesos.

No salieron de sus casas para comprar alimento en un día que no les correspondía. Tampoco por una urgencia médica ni para ayudar a un tercero. Los dos jóvenes detenidos el martes por la Policía de Santa Rosa del Conlara violaron el aislamiento obligatorio para tirar basura y escombros en un camino vecinal que lleva al paraje Cañada de los Poleos. Acatando las disposiciones de los gobiernos nacional y provincial, el juez Jorge Pinto fue severo y ordenó que quedaran detenidos. La mañana de este jueves fueron indagados en presencia del fiscal de Estado, que pidió les apliquen un embargo por 500 mil pesos para solventar los gastos del operativo policial y judicial.

Los infractores tienen 22 y 23 años. El primero tiene domicilio en San Luis y el segundo en El Plumerillo, provincia de Mendoza, aunque ambos residen en Santa Rosa, precisaron fuentes policiales.

Un patrullero de la Comisaría 25ª de Santa Rosa los sorprendió infraganti cuando descargaban los residuos desde la caja de una Ford F100 blanca, que está secuestrada.

 

 

Tirar basura en espacios no permitidos constituye un delito por daño ambiental, algo de lo que se hará cargo el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Santa Rosa del Conlara, pero transgredir el artículo 205 del Código Penal Argentino por “violación de las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia” no es un chiste. Y ameritó todo el peso de la ley.

Tampoco fue broma que funcionarios judiciales y policiales hayan tenido que montar un operativo para indagarlos esta mañana, en medio de una crisis sanitaria a nivel nacional y debiendo adoptar todas las medidas de prevención para evitar contagios.

En una sala especialmente acondicionada, el juez Penal de Santa Rosa, Jorge Pinto, su secretario, Mauro D'Agata Henríquez, el defensor oficial José Francisco Pérez, una notaria y el fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende, todos con barbijo, escucharon a los sospechosos, que no solo no pudieron justificar su accionar sino que hasta intentaron culpar a un vecino, diciendo que esa persona les había pagado para tirar la basura de la que se deshacían.

 

 

“Fueron explicaciones inconducentes. Primero dijeron que tenían basura acumulada en la casa de uno de ellos, luego que un vecino les había pagado, pero todos dichos sin pruebas, por lo que no aportaron nada que aliviara su situación”, comentó Allende en diálogo con El Diario.

Hasta ahora, el fiscal de Estado se constituyó como querellante en unas cuarenta causas por violación de cuarentena, pero hoy fue la primera vez que participó de una indagatoria, ya que en otros casos no hubo detenidos.

Para hacerlo, el funcionario debió movilizarse en su auto desde la capital hasta el norte provincial y luego de regreso. Pinto, D'Agata Henríquez y Pérez seguramente viajaron menos, pero usaron tiempo esencial que podrían haber dedicado a causas más graves.

“Estamos frente a una pandemia y hoy la medida más efectiva para combatirla es quedarnos es nuestras casas. La situación reviste tal gravedad que el Gobernador (Alberto Rodríguez Saá) ha instruido a la Fiscalía para ser severos y sumamente estrictos en estos casos”, remarcó Allende, que además del embargo preventivo también solicitó que, en caso de que Pinto resuelva procesar y enviar a prisión a los jóvenes, el cumplimiento sea domiciliario para no saturar el sistema carcelario ni generarle más gastos al Estado.

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Indagaron a dos detenidos que incumplieron el aislamiento obligatorio

Tienen 22 y 23 años y violaron la cuarentena para tirar basura en un camino vecinal. La fiscalía de Estado pidió que les apliquen un embargo por 500 mil pesos.

Fotos: Prensa Poder Judicial San Luis y El Corredor Noticias.

No salieron de sus casas para comprar alimento en un día que no les correspondía. Tampoco por una urgencia médica ni para ayudar a un tercero. Los dos jóvenes detenidos el martes por la Policía de Santa Rosa del Conlara violaron el aislamiento obligatorio para tirar basura y escombros en un camino vecinal que lleva al paraje Cañada de los Poleos. Acatando las disposiciones de los gobiernos nacional y provincial, el juez Jorge Pinto fue severo y ordenó que quedaran detenidos. La mañana de este jueves fueron indagados en presencia del fiscal de Estado, que pidió les apliquen un embargo por 500 mil pesos para solventar los gastos del operativo policial y judicial.

Los infractores tienen 22 y 23 años. El primero tiene domicilio en San Luis y el segundo en El Plumerillo, provincia de Mendoza, aunque ambos residen en Santa Rosa, precisaron fuentes policiales.

Un patrullero de la Comisaría 25ª de Santa Rosa los sorprendió infraganti cuando descargaban los residuos desde la caja de una Ford F100 blanca, que está secuestrada.

 

 

Tirar basura en espacios no permitidos constituye un delito por daño ambiental, algo de lo que se hará cargo el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Santa Rosa del Conlara, pero transgredir el artículo 205 del Código Penal Argentino por “violación de las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia” no es un chiste. Y ameritó todo el peso de la ley.

Tampoco fue broma que funcionarios judiciales y policiales hayan tenido que montar un operativo para indagarlos esta mañana, en medio de una crisis sanitaria a nivel nacional y debiendo adoptar todas las medidas de prevención para evitar contagios.

En una sala especialmente acondicionada, el juez Penal de Santa Rosa, Jorge Pinto, su secretario, Mauro D'Agata Henríquez, el defensor oficial José Francisco Pérez, una notaria y el fiscal de Estado de la provincia de San Luis, Eduardo Allende, todos con barbijo, escucharon a los sospechosos, que no solo no pudieron justificar su accionar sino que hasta intentaron culpar a un vecino, diciendo que esa persona les había pagado para tirar la basura de la que se deshacían.

 

 

“Fueron explicaciones inconducentes. Primero dijeron que tenían basura acumulada en la casa de uno de ellos, luego que un vecino les había pagado, pero todos dichos sin pruebas, por lo que no aportaron nada que aliviara su situación”, comentó Allende en diálogo con El Diario.

Hasta ahora, el fiscal de Estado se constituyó como querellante en unas cuarenta causas por violación de cuarentena, pero hoy fue la primera vez que participó de una indagatoria, ya que en otros casos no hubo detenidos.

Para hacerlo, el funcionario debió movilizarse en su auto desde la capital hasta el norte provincial y luego de regreso. Pinto, D'Agata Henríquez y Pérez seguramente viajaron menos, pero usaron tiempo esencial que podrían haber dedicado a causas más graves.

“Estamos frente a una pandemia y hoy la medida más efectiva para combatirla es quedarnos es nuestras casas. La situación reviste tal gravedad que el Gobernador (Alberto Rodríguez Saá) ha instruido a la Fiscalía para ser severos y sumamente estrictos en estos casos”, remarcó Allende, que además del embargo preventivo también solicitó que, en caso de que Pinto resuelva procesar y enviar a prisión a los jóvenes, el cumplimiento sea domiciliario para no saturar el sistema carcelario ni generarle más gastos al Estado.

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