San Luis adhirió a leyes que protegen a la mujer

 La Cámara de Diputados aprobó y, así, la provincia adhirió a las leyes nacionales de acoso callejero y violencia política, que tienen por fin llevar adelante acciones para proteger a la mujer. Las normas fueron aprobadas por unanimidad, en una sesión en la que también dieron media sanción a otras legislaciones referidas a la cuestión de género, como la instauración de un día para tratar la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación y jornadas sobre la temática en escuelas.

Los proyectos, que ya habían sido aprobados y promovidos por la Cámara de Senadores, fueron tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el caso de la violencia política, también por la Comisión de Salud.

Sobre esta última el proyecto detalla que el Poder Ejecutivo provincial, a través de sus organismos competentes, deberá diseñar e implementar estrategias públicas para la erradicación de este tipo de violencia contra la mujer, impulsar mecanismos y campañas de sensibilización y concientización permanentes y desarrollar acciones para la investigación y recopilación estadística sobre las causas.

A su vez, el Estado deberá incluir la cuestión en los planes de formación de funcionarios públicos. La norma tiene un apartado referido a los partidos políticos, que internamente también deberán prevenir y sancionar este tipo de violencia, promover la participación en igualdad de condiciones y realizar capacitaciones para las y los dirigentes.

El texto de la norma nacional define a la violencia política como “aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos”.

En cuanto al acoso callejero, lo incorpora como modalidad de violencia hacia la mujer y establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá impulsar campañas de concientización permanentes.

Como explicó a El Diario de la República la diputada provincial María Eva Morel, del Frente Unidad Justicialista, ambas normas fueron posteriores y se plegaron a la ley nacional “madre” de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009.

“Tenemos una violencia hacia la mujer, que puede ser física, psicológica, económica, pecuniaria y/o sexual. Y de 2009 a esta parte se fueron generando nuevas necesidades de legislar y se incluyó la violencia política”, enumeró Morel, quien integra la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Morel destacó que adherir a este tipo de normas nacionales implica la inclusión en presupuestos especiales que vengan de Nación, destinados a ejecutar esas normas. “Si la provincia no estuviera adherida, nosotros no podríamos recibir esa parte del presupuesto”, remarcó la legisladora.

“Uno piensa que son cosas que no requerirían de una ley, pero es necesario que se generen estas instancias para que se atiendan estos problemas de una manera especial. Son situaciones que están tan arraigadas en la cultura que no se comprenden y necesitan una atención diferente y empezar a sensibilizarse, tanto los agentes estatales como la sociedad en general”, dijo la diputada.

Campañas desde el Gobierno

La secretaria de la Mujer, Diversidad y Género, Ayelén Mazzina, destacó la aprobación de las
adhesiones. “Para los derechos de la mujer es un gran avance que se haya podido dar sanción”, afirmó, destacando también el paso al Senado de los proyectos de violencia de género en los medios y las jornadas educativas.

“En principio, la acción que debemos incorporar en materia de acoso callejero es impulsar campañas de concientización para la deslegitimación y erradicación de la violencia contra las mujeres en el espacio público”, detalló.

Y sobre la violencia política “se deberá adoptar diferentes normativas para su erradicación, impulsando campañas de concientización y desarrollando acciones para la investigación y la recopilación de datos y estadísticas”.