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No confundamos gordura con hinchazón

Por redacción
| 03 de agosto de 2020

La función de la Justicia es la de brindar a los ciudadanos protección ante lo que consideran un atropello a sus derechos. Una mujer de San Luis ha denunciado en los ámbitos correspondientes, en tiempo y forma, que ha sido violada su intimidad. Y en esos términos efectuó la denuncia. Sin pretender entrar en los intrincados vericuetos judiciales, está claro que se han cumplido los pasos procesales correspondientes, se ha dado lugar a la acusación, a la legítima defensa del ciudadano acusado, y en ese contexto, en el día de hoy, se inicia el correspondiente juicio oral y público. Del mismo participarán todas las partes involucradas, incluso los testigos que deban comparecer. Para completar el contexto de lo sucedido es necesario decir que la denunciante ocupaba, en esos momentos, el Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis y el acusado detentaba la titularidad de un blog en las redes sociales en el cual difundía, y sigue difundiendo hoy en día, noticias u opiniones personales sobre diferentes cuestiones. 

 

Con toda la independencia que un fallo de este tipo requiere, sabrá la jueza interviniente en este caso evaluar la situación, sopesar las pruebas, aplicar las disposiciones del Código Penal y de toda otra legislación vigente que corresponda, y finalmente emitir el veredicto que considere adecuado a derecho. Y, en este sentido, lo más deseable es que efectivamente se haga justicia. Hasta aquí, un episodio judicial más.

 

La historia cuenta que el pleito surge a partir de la divulgación no autorizada en el mencionado blog del acusado de imágenes con audio claramente invasoras de la más privada intimidad de la víctima. La misma, a raíz de estas exhibiciones, debió renunciar a su cargo en el gobierno provincial. Hoy en día resulta muy difícil definir la profesión de periodista. El acusado expresa públicamente su carácter de periodista y resalta y reconoce su militancia explícita en un determinado partido político provincial. Como estrategia de defensa, o como un acto de militancia política, o con alguna otra intención, en los últimos días ha pretendido modificar sustancialmente el sentido de la causa, la identidad del denunciante y se ha victimizado a partir de un presunto cercenamiento de la libertad de prensa. El intenso paseo mediático que ha realizado en los últimos días se contradice bastante con algún cercenamiento a su posibilidad de manifestarse. Quien se sentará en el banquillo de los acusados tendría una reconocida fama por difundir sin demasiados reparos la vida privada de las personas, publicar fotografías y realizar profusas descripciones, muy poco respetuosas de la intimidad de cada uno. Sobre todo en épocas de campaña electoral no ha vacilado en apoyar decididamente a su candidato y en valerse de los más variados recursos para descalificar a sus eventuales oponentes políticos, a sus allegados y a sus familias.

 

Tal cual acostumbran, los adalides de la república salen a victimizarse en las redes y a proceder de un modo exactamente contrario al que pregonan. En una clara intromisión de un poder en otro, un senador nacional amenaza con concurrir a los tribunales locales para hacer valer la presión que pueda generar su presencia; recurso antiguo, pobre y absolutamente antidemocrático.

 

La Justicia va a emitir su fallo como deba hacerlo. Lo cierto, lo que no es judiciable, lo que ya tiene sentencia definitiva es que, como muy bien describe la carta de la lectora Gaby Toledo, “…(el video) cayó en manos de la mala intención, en las manos del patriarcado, en las manos, evidentemente, de un opositor machista que tuvo la posibilidad de elegir entre eliminarlo de su celular o masificarlo como lo hizo… ¡dañando, violentando! No confundamos gordura con hinchazón”.

 

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