Los persistentes dramas de Venezuela

Más de 2.000 personas fueron abatidas este año en Venezuela durante operaciones a cargo de sus fuerzas de seguridad, denunció la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Basada en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 desde enero de 2020”, dijo la expresidenta de Chile en una actualización, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En paralelo, Bachelet pidió que sean levantadas las sanciones económicas impuestas sobre el Estado venezolano, principalmente por Washington.
“La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”, aseguró en relación a las obstrucciones de Estados Unidos sobre las operaciones de la estatal Petróleos de Venezuela.
La declaración de Bachelet se produce una semana después de que una misión independiente de verificación de los hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló al presidente Nicolás Maduro y a varios de sus ministros de incurrir en “crímenes de lesa humanidad”.
La misión señaló a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, como el cuerpo más letal en las operaciones de seguridad acometidas principalmente en barriadas populares, y además acusó a los organismos de inteligencia de torturar sistemáticamente a los detenidos políticos.
Ya en julio Bachelet había reiterado su pedido de que las FAES fuesen disueltas y sus crímenes investigados, al responsabilizarlas entonces por la muerte de 1.320 personas desde enero, en su mayoría “hombres de menos de 30 años, pertenecientes a familias pobres” en barrios signados por altas tasas de delincuencia.
En su actualización la exjefa de Estado de Chile (2006-2010 y 2014-2018) se refirió además a la represión de las protestas pacíficas y a las trabas a la libertad de expresión en el país.
Aún en medio de la cuarentena impuesta ante la pandemia de COVID-19, en Venezuela se multiplican las protestas —vecinales en su mayoría— por los deficientes servicios públicos esenciales, y la ONG Espacio Público denunció 300 casos de violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto.
Desde inicios de julio, según Bachelet, se produjeron detenciones de manifestantes que protestaban por los bajos salarios o las pensiones, las carencias de los servicios públicos o la falta de gasolina.
“Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad”, dijo la máxima responsable de los derechos humanos en la ONU. “El Ministerio Público (Fiscalía) inició investigaciones para clarificar tales hechos”, reconoció.
También consideró positivas las detenciones de cinco miembros de las FAES presuntamente responsables de la muerte el 21 de agosto de dos personas en Zulia, que eran comunicadores de tendencia oficialista según medios del país sudamericano.
Entre las restricciones a la libertad de expresión mencionó “la aplicación de la legislación en contra del odio”, ataques contra los defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
Los dramas de Venezuela persisten, con el agravante de una pandemia que retrasó todo avance posible.