Un plan para que el 40 por ciento de toda la población mundial esté vacunada contra la COVID-19 a finales de este año fue diseñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e impulsado por la Organización de las Naciones Unidas.
El plan pretende que las vacunas lleguen a los brazos del 40 por ciento de las personas en todos los países para fines de este año y al 70 por ciento de la población mundial a mediados de 2022.
La estrategia está basada en un análisis científico exhaustivo de la evolución de la pandemia, la efectividad de las vacunas, el costo de adquirirlas y entregarlas, y la oferta y la demanda global.
Con la actual producción de vacunas, de casi 1.500 millones de dosis por mes, el mundo puede alcanzar la meta de 40 por ciento para fin de año, si logra movilizar 8.000 millones de dólares para garantizar que la distribución sea equitativa.
Porque, fundamentalmente, el éxito de este plan requiere una distribución equitativa. Sin un enfoque coordinado y equitativo, la reducción de casos en cualquier país no se mantendrá en el tiempo.
El secretario general de la ONU, António Guterres, fue claro y severo: “Por el bien de todos, debemos llevar urgentemente a todos los países a un alto nivel de cobertura de vacunación; no tener una distribución equitativa de las vacunas no es solo cuestión de ser inmoral, también es cuestión de ser estúpido”.
Un tercio de la población mundial ya recibió el esquema completo de vacunación, pero esa cifra “causa horror” en términos de equidad, ya que los países de renta alta y media alta han usado 75 por ciento de las vacunas producidas, mientras que los de ingresos bajos han recibido menos del uno por ciento de las inmunizaciones.
En África fue vacunado apenas el cinco por ciento de la población, y son 56 los países que no han vacunado siquiera al 10 por ciento.
La OMS y todo el sistema de la ONU han mostrado liderazgo, pero no tienen poder para obligar a las empresas (fabricantes) a otorgar licencias o para hacer que los países dispensen los derechos de propiedad intelectual.
La estrategia ONU-OMS contempla transferencia de conocimientos y tecnología para la fabricación de vacunas en todos los países con capacidad de producirlas, lo que requeriría compartir la propiedad intelectual, relajando las patentes.
Los gobiernos podrían dar exenciones a las empresas que liberen las patentes y comprometerse con la distribución equitativa de vacunas a través de mecanismos de cooperación internacional como Covax.
Los países productores deben permitir el libre flujo transfronterizo de vacunas y materias primas terminadas, así como la producción diversificada de inmunizaciones, tanto geográfica como tecnológicamente, incluso mediante la concesión de licencias transparentes y no exclusivas y el intercambio de conocimientos.
Los fabricantes de la vacuna anti-COVID-19 deben priorizar y cumplir los contratos con entidades como Covax, brindar transparencia en la producción mensual de vacunas y en el suministro a los países de menores ingresos y comprometerse a compartir conocimientos y facilitar la trasferencia de tecnologías.
La sociedad civil, las organizaciones comunitarias y el sector privado deben abogar a nivel local, nacional e internacional por el acceso equitativo a las vacunas, pruebas y tratamientos de COVID-19 y apoyar los servicios de vacunación en cada país.
Lograr la meta de vacunar al 70% de la población mundial para mediados de 2022 será determinante para superar definitivamente la pandemia de coronavirus.
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