El Gobierno derogó un decreto sobre política migratoria, fue apoyado por Amnistía y CELS

El Gobierno derogó este viernes un decreto de la presidencia de Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que esa norma "resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos", medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

A través de un comunicado, Amnistía Internacional respaldó la determinación oficial, en virtud de que el decreto derogado "violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria argentina".

"Desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la Argentina de parte de organismos internacionales", dijo a Télam la directora de Política y Justicia internacional de AI Argentina, Mariana Fountoura Marques.

La nueva normativa restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto 70" y crea una "Comisión Asesora de Política Migratoria que propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones 25.871".

Asimismo, el CELS también apoyó la decisión al considerar que implica "un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar".

"El DNU 70/2017 significó un claro retroceso en los derechos de migrantes en los últimos cuatro años y fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y que argumentó que por eso había que expulsarlos de manera inmediata", indicó el CELS en su cuenta de Twitter.

Además, el decreto derogado "significó un giro en el rol que Argentina mantenía a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004" y "formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes", aseguraron desde el CELS.

Los cambios

El Decreto 138/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, deroga el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina.

La norma restituye "la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017" y dispone la creación de una "Comisión Asesora de Política Migratoria" que deberá "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".

La ley establece que el régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país.

El decreto derogado "modificó aspectos sustanciales" de esa ley, según explican las autoridades en los considerandos de la norma, y agregan que como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.

Entre ellas se citan "la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".

En tanto, las autoridades nacionales añaden en el decreto de derogación que los cambios a la ley migratoria, agravaron "exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria".

Sobre este punto señalan que "distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto" y que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU "han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto".

Télam